El Supremo advierte a la Generalitat de que podría prevaricar si excarcela a los presos

El Tribunal Supremo ha reaccionado con contundencia ante la posibilidad que defiende el Govern de la Generalitat de excarcelar a los políticos independentistas presos, para que pasen en casa el confinamiento por la pandemia del coronavirus. A través de un comunicado, el tribunal señala que el Govern podría cometer un delito de prevaricación.

 Meritxell Budó durante la rueda de prensa / EP

La advertencia es directa, al señalar que en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles, en las que se encuentran los dirigentes independentistas, acuerden la excarcelación para que cumplan el confinamiento en casa, el tribunal se dirigirá a cada una de esas juntas de régimen general, pero también a los directores o directoras de cada centro para que expliquen de inmediato el “fundamento jurídico” de tal decisión. Y que identifiquen de forma nominal a los funcionarios que hayan apoyado esos acuerdos.

Exigencia de responsabilidades

La advertencia llega después de que la propia consejera de Justicia, Ester Capella, haya defendido esa posibilidad. “Hay unas 400 personas a las que se les aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario y podrían confinarse en casa”, ha señalado, pensando en los políticos independentistas que siguen en prisión.

La consejera de Justicia, Ester Capella / YOUTUBE

La sala del Tribunal considera que ello sería grave y entraría dentro del delito de prevaricación: “Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación”, señala el comunicado de la sala del tribunal.

Derechos fundamentales

La petición de Capella se une a la de los abogados de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que entienden que el estado de alarma decretado por el Gobierno modifica las condiciones para seguir en prisión. Según el abogado Andreu Van den Eynde, es necesario que se suspendan las penas de prisión, con el argumento de la defensa de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y moral, la dignidad y la vida familiar.

El Supremo, en cambio, no considera que se haya alterado nada que atente a esos derechos. Ahora deberán decidir esas Juntas de Tratamiento de las prisiones, conociendo, sin embargo, las advertencias sobre el delito en el que podrían incurrir, a juicio de la sala del tribunal.