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Varias imágenes de símbolos independentistas en instituciones públicas bajas laborales. De fondo una foto de la pintada en Olot titulada 'La manada' con Albert Rivera, Pablo Casado, Felipe VI, Pedro Sánchez y Santiago Abascal / CG

La simbología 'indepe' provoca bajas laborales

Funcionarios, profesores y policías denuncian una mayor presión desde que comenzó el juicio del 1-O, especialmente en municipios pequeños, donde la confección de listas no secesionistas se complica

07.03.2019 00:00 h.
7 min

Simbología independentista en las administraciones públicas. ¿Libertad de expresión o acoso? A juzgar por las denuncias que los partidos no secesionistas reciben de ciudadanos que se sienten presionados por no comulgar con el procés, la proliferación de lazos amarillos, “paros de país” y minutos de silencio no resultan tan inocuas. Se están dando casos de funcionarios que piden bajas laborales debido a la situación de tensión que sufren.

El juicio del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo ha incrementado la presencia de lazos amarillos en fachadas municipales como forma de expresión de apoyo a los presos secesionistas, así como elementos gráficos con una fuerte carga de denuncia política. Uno de los casos más recientes es el mural que cuelga en la fachada del Ayuntamiento de Olot (Girona), obra de la Asamblea de Artistas de la Garrotxa, titulada “La Manada” --en alusión al polémico caso de violación cometido por un grupo de jóvenes en Pamplona en 2016--, en el que aparecen las imágenes del Rey, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal.

Miedo a las represalias

La imágenes de centros de salud, comisarías de Mossos o colegios literalmente empapelados con este tipo de simbología está pasando factura a algunos trabajadores públicos. El miedo a las represalias provoca que, por ejemplo, los grupos de la oposición en el Parlament reciban quejas en las que se informa de la fuerte presión existente, pero con una gran cautela. “Nos explican su situación, sabemos que algunos trabajadores optan por las bajas laborales, pero no quieren reunirse con nosotros por miedo ni que digamos en qué lugares se produce ese tipo de acoso”, explica un diputado de Ciudadanos.

Foto del exconsejero Joaquim Forn en el acceso a las dependencias de la Consejería de Interior / CG

Foto del exconsejero Joaquim Forn en el acceso a las dependencias de la Consejería de Interior / CG

Asimismo, fuentes del PSC aseguran que también tienen constancia de esas situaciones de “exclusión”, que se producen especialmente en municipios pequeños. “Nos explican el deterioro de la convivencia laboral en los ayuntamientos hasta el punto de que eso complica, no solo la vida de los funcionarios, sino la confeccionar listas de cara a las municipales si no eres un partido independentista”.

Según ha podido saber Crónica Global, en Girona, una funcionaria de la delegación del Govern ha pedido la baja por ansiedad. Asimismo, profesores de centros escolares han grabado audios de discusiones entre docentes y alumnos que han hecho llegar a estos partidos políticos. 

También tienen constancia de las presiones que la policía local recibe de la alcaldesa de un municipio de Barcelona, así como de los mandos de Mossos d'Esquadra en esa localidad. La división existente en la policía autonómica ha sido muy explícita en las redes sociales, donde agentes independentistas y constitucionalistas han expresado sus diferencias. 

"Quiero denunciar"

“Quiero denunciar el acoso que sufren muchas personas que trabajan en la administración de la Generalitat de Girona. Quien no comparte la ideología independentistas es un facha. ¿Dónde ha quedado el respeto por la pluralidad de ideas políticas?. ¿No es precisamente esta la riqueza de una verdadera democracia? La libertad de poder expresar libremente nuestras ideas, sin miedo a ser castigados. Cuanto más se habla de democracia se va viendo que esta no existe, que no es nada más que una utopía. O simplemente no tenemos claro realmente el verdadero significado de esta palabra. Un país o nación es mucho más complejo que lucir cuatro lazos amarillos, o vestir los balcones con estelades y/ o pancartas”, escribía recientemente en un diario local el compañero de una trabajadora que se sentía acosada por el clima de confrontación política que se vive en Girona, tradicional feudo independentista.

Empleados de la Consejería de Justicia reciben con un gran lazo amarillo a Ester Capella tras tomar posesión del cargo / JUSTICIA

Empleados de la Consejería de Justicia reciben con un gran lazo amarillo a Ester Capella tras tomar posesión del cargo / JUSTICIA

El pleno del Parlament rechazó a finales de 2018 dos proposiciones de ley de Cs y PP que pretendían “garantizar la neutralidad en el espacio público y las instituciones”. Ambas iniciativas decayeron porque la Cámara probó las enmiendas a la totalidad que habían presentado JxCat y ERC con los votos a favor de PSC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP.

Iniciativas para garantizar espacios neutrales

La proposición de Cs exigía pedir permiso a la administración competente para colgar simbología en el espacio público, como lazos amarillos, e incluía una modificación de la ley del cuerpo de los Mossos d’Esquadra para que garanticen la neutralidad. 

Lazos amarillos y fotos de independentistas presos en un centro de salud de Barcelona / CG

Lazos amarillos y fotos de independentistas presos en un centro de salud de Barcelona / CG

En el caso de la ley del PP, la norma establecía que las instituciones utilicen los símbolos oficiales reconocidos por la Constitución y el Estatut, y proponía sanciones y multas en caso de incumplir esta normativa.

El TSJC, contra los símbolos en espacios públicos

Previamente, la Justicia se pronunció al respecto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló la retirada de la estelada que el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) había instalado en una plaza, al concluir que la "ocupación" del espacio público con símbolos "partidistas" por parte de un consistorio vulnera la neutralidad.

Según la sentencia, la decisión del consistorio de Sant Cugat de instalar una bandera independentista en una plaza del municipio supone "la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad".

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