![Josep Lluís Trapero con algunos de los momentos vividos por los Mossos en el 1-O / FOTOMONTAJE DE CG](https://a1.elespanol.com/cronicaglobal/2015/02/09/politica/politica_9760474_3742684_1024x576.jpg)
Josep Lluís Trapero con algunos de los momentos vividos por los Mossos en el 1-O / FOTOMONTAJE DE CG
Los Mossos conocían las órdenes de no intervenir en el referéndum meses antes del 1-O
El exjefe Trapero asistió en junio de 2017 a una comida con inspectores policiales a los que aseguró que la actuación el día de la consulta ilegal sería similar a la del 9N
25 febrero, 2019 00:00Junio de 2017. Josep Lluís Trapero, que entonces ostentaba el cargo de jefe de los Mossos d’Esquadra, asiste a un almuerzo con 18 inspectores que acaban de salir de la Escuela de Policía de Cataluña, situada en Mollet del Vallès (Barcelona). En este centro se imparte formación a los agentes de policía para adquirir competencias de mando de la escala ejecutiva. Trapero solía ejercer de anfitrión en esas comidas de celebración de fin de curso.
![Mossos d'Esquadra formando en la Escuela de Policía de Mollet del Vallès / GENCAT](https://a1.elespanol.com/cronicaglobal/2015/03/26/politica/politica_21009296_3719372_800x394.jpg)
Mossos d'Esquadra formando en la Escuela de Policía de Mollet del Vallès / GENCAT
Mossos d'Esquadra formando en la Escuela de Policía de Mollet del Vallès / GENCAT
El tema de procés y sus consecuencias para los agentes autonómicos surge de forma casi inmediata entre los asistentes, según han explicado a Crónica Global fuentes conocedoras de aquella reunión. Los inspectores expresan a su jefe la preocupación por el papel que tendrán que jugar ante la celebración de un referéndum ilegal ese otoño. La fecha todavía se desconocía, pero un año antes, en septiembre de 2016, el expresidente Carles Puigdemont había pronunciado en sede parlamentaria su famosa frase “referéndum o referéndum” para superar la cuestión de confianza planteada con la finalidad de recuperar la estabilidad gubernamental, después de que la CUP votara no a sus presupuestos. Puigdemont adelantó que ese referéndum de autodeterminación tendría lugar previsiblemente en la segunda quincena de septiembre de 2017.
Infundir tranquilidad
Trapero quiso infundir tranquilidad a sus 18 inspectores y les aseguró que la actuación de los Mossos sería similar a la del 9 de noviembre de 2014, fecha en la que se celebró una consulta soberanista, en este caso convocada por el expresidente Artur Mas.
Aquella jornada, por la que serían juzgados y condenado Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, transcurrió sin incidentes. Entonces, los Mossos no recabaron información de los centros habilitados como sedes electorales ni datos sobre los responsables, a pesar de que la Fiscalía había abierto una investigación la víspera de la votación y había pedido a la policía catalana que le enviara esa información.
Un bocí de Paraules d'amor, amb amics a Cadaqués. pic.twitter.com/bqFZgu2xFa
— Pilar Rahola (@RaholaOficial) 9 de agosto de 2016
Las palabras que Trapero dirigió en ese almuerzo a los mandos policiales presagiaban lo que ocurriría el 1 de octubre de 2017, fecha en la que finalmente se celebró el referéndum. De esa pasividad, garantizada meses antes, da cuenta la Fiscalía en su escrito de acusación. “Los acusados Josep Lluís Trapero, César Puig (secretario general de Interior) y Pere Soler (exdirector de los Mossos)”, así como el entonces consejero de Interior Joaquim Forn, “idearon conjuntamente los pasos a seguir durante los días 29 de septiembre hasta el día 1 de octubre”.
Ejecución de una estrategia
Y así, en ejecución de una “estrategia” consistente en permitir la votación, “y aparentando el cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, diseñaron un plan de actuación fraudulento, en cuanto que deliberadamente ineficaz”. De esta forma “se promovió la inacción o dejación de funciones, por parte de los miembros del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, contribuyendo de forma decisiva a la movilización ciudadana que, con su fuerza coactiva, pretendía el cumplimiento de sus objetivos secesionistas, en el marco de un proceso tutelado por un cuerpo policial armado como son los Mossos d’Esquadra”.
![El exconsejero del Interior Joaquim Forn y el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, después de los atentados del 17A / EFE](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/03\/28\/politica\/politica_21509415_4065476_1020x574.jpg"])
El exconsejero del Interior Joaquim Forn y el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, después de los atentados del 17A / EFE
El exconsejero del Interior Joaquim Forn y el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, después de los atentados del 17A / EFE
Duras palabras para un mando policial como Trapero, quien siempre ha sostenido que no fue parte activa del procés y que incluso avisó de las consecuencias a Puigdemont, a quien aseguró que los Mossos cumplirían con la ley. “No hay nada peor para un policía que le acusen de formar parte de una organización criminal”, aseguran sus allegados.
"Le ha perdido la ambición y una cierta prepotencia. Pero no tiene nada de independentista”, precisan en referencia al famoso encuentro en Cadaqués divulgado por Pilar Rahola, al que asistió lo más granado del secesionismo catalán.
Forn defendió a los Mossos
Forn es juzgado en el Tribunal Supremo, donde ya ha prestado una declaración en la que defendió la actuación de los Mossos. Hizo una intervención muy técnica en la que entró en el cuerpo a cuerpo con las acusaciones. Por su parte, Trapero se sentará en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional, después de que este tribunal se haya declarado competente para juzgar a los cargos policiales por rebelión, según establece en una resolución hecha pública la semana pasada. Se enfrenta a una petición de condena de 11 años de prisión.
También será juzgada la intendente de los Mossos Teresa Laplana, aunque en este caso por sedición, por no frenar el asedio a la comitiva judicial ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, en los días previos a la consulta ilícita, además de ser incapaz de detener la cita electoral prohibida por el Tribunal Constitucional el 1-O. Afronta una petición de cuatro años de cárcel.
Se desconoce la fecha del juicio.