Sant Cugat pide a los herederos de CDC que repongan el dinero cobrado en comisiones

La guerra abierta entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat) se libra en varios frentes. En Madrid, a cuenta de la posición de ambos grupos ante la prórroga del estado de alarma; en el Govern, donde JxCat trata de acorralar a ERC por la gestión de la pandemia, amén de los ataques desde Bélgica de Puigdemont; y en el mundo municipal ERC ha presentado varias mociones de censura que han acabado con alcaldías de los herederos de Convergència en Lleida, Girona y Tarragona.

Pero, sobre todo, la batalla municipal tiene su epicentro en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde los republicanos están lanzado proyectiles de grueso calibre contra los neoconvergentes a cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo del Caso Palau, ratificada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que afirma que los convergentes cobraron comisiones de obra pública.

La grúa municipal

El caso no es menor, porque afecta directamente a Jordi Puigneró y Damià Calvet, consellers del Govern de Quim Torra, exconcejales de Sant Cugat y aspirantes a sucederle en el mundo neoconvergente en unas nuevas elecciones, y a la presidenta del Puerto de Barcelona y exalcaldesa de la ciudad, Mercè Conesa, amén de la actual líder de la oposición y también exalcaldesa, Carmela Fortuny.

Los republicanos reciben ataques por tierra, mar y aire desde el entorno de Puigdemont porque las elecciones, convocadas aunque sin fecha, se vislumbran en el horizonte y las encuestas son favorables para Oriol Junqueras. Por eso, Sant Cugat se ha convertido en un elemento importante en la estrategia de ERC porque se ampara en una sentencia judicial, además de las investigaciones de la Fiscalía en torno a otro escándalo de corrupción: la grúa municipal.

JxCat, en contra de la resolución contra la corrupción

Ayer, la batalla se recrudeció en el pleno municipal que votó una resolución contra la corrupción. Votaron a favor ERC, PSC, CUP y Ciudadanos. En contra, Junts per Catalunya. La moción presentada en medio de las investigaciones de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en los contratos de la grúa municipal trataba otro tema de corrupción. Esta vez, con sentencia firme: el Caso Palau.

La moción exige al equipo de gobierno estudiar la sentencia del Supremo, ya ratificada por la Audiencia Provincial, para tomar medidas y “recuperar los posibles sobrecostes en la adjudicación de la obra del Pabellón Municipal III de la Rambla del Celler y en otras adjudicaciones de obra pública”.

La dimisión de dos consejeros y la presidenta del Puerto

Todos estos hechos, junto a los ahora investigados, recaen en la gestión que durante años ha realizado la extinta Convergència Democràtica bajo los mandatos de Lluís Recoder, Mercè Conesa y Carmela Fortuny. Todos ellos representantes de una forma de hacer política que ha acabado en los juzgados y con una condena por corrupción por el cobro de comisiones ilegales.

Por eso, el pleno puso el dedo en la llaga pidiendo “la asunción de responsabilidades políticas de todos los regidores de Convergència Democràtica de Catalunya del periodo afectado hasta el 2009, y pedir sus correspondientes dimisiones de las responsabilidades políticas que estén ocupando en estos momentos”. En síntesis, piden la dimisión de dos consellers de la Generalitat y de la presidenta del Puerto, y el abandono de la actual jefa de la oposición, que ayer evidenció la soledad más absoluta.

Cerca de 170.000 euros

La resolución no se queda aquí. Junts per Catalunya y el PDeCAT han construido un dique de contención ante la corrupción de CDC alegando que no tienen nada que ver. El Ayuntamiento de Sant Cugat no lo ve así porque exige “a las formaciones políticas que han sucedido a CDC, es decir el PDeCAT y JxCat, que asuman sus responsabiliades económicas que se derivan de la sentencia de manera solidaria y que se devuelvan a las arcas públicas la cantidad abonada por la comisión --de la obra pública-- en la suma de 167.040,76 euros”.

Tras esta votación, que contó con el apoyo de la mayoría del consistorio, Damià Calvet y Jordi Puignerò tendrán que afrontar una crisis política porque son señalados por sus propios compañeros del Govern, y Junts per Catalunya tendrá dos candidatos menos a liderar su lista electoral, y no está sobrado de aspirantes.