Sánchez pidió a Llarena alargar la instrucción hasta septiembre

Hacienda solicitó más tiempo para recabar información sobre la supuesta malversación de los independentistas en pleno deshielo entre Gobierno y Generalitat, pero el juez lo rechazó

El magistrado del Supremo Pablo Llarena habla con el mayor de los Mossos, Ferran López, en una imagen de archivo / EFE
12.07.2018 00:00 h.
6 min

El Gobierno de Pedro Sánchez solicitó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena alargar la instrucción sobre los políticos independentistas un mes más, lo que en la práctica suponía esperar a septiembre, con la finalidad de recabar datos sobre la supuesta malversación relacionada con el 1-O. Pero Llarena lo rechazó.

Fuentes socialistas alegan que la petición se debe única y exclusivamente el reciente cambio de gobierno, lo que dificultaba asumir la recopilación de esa documentación. Sin embargo, la solicitud se produjo en el marco del deshielo entre el Ejecutivo español y la Generalitat, solemnizado el pasado lunes con la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa. Hoy está previsto que se reúnan la vicepresidenta Carmen Calvo con el consejero de Economía, y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. 

Rumores de negociación

Asimismo, la petición del Ejecutivo de Sánchez de alargar la instrucción abunda en los rumores que apuntan a una posible negociación entre varios acusados y la Fiscalía para acortar las condenas, algo que ninguna de las partes confirma. Llarena desestimó esa pretensión, lo que dio lugar al cierre de la instrucción, la confirmación de los procesamientos y a la suspensión de seis diputados encarcelados o fugados.

Así, el pasado 14 de junio --doce días después de que el presidente Sánchez tomara posesión--, Llarena pidió al Ministerio de Hacienda un informe sobre la evolución de la intervención de las cuentas de la Generalitat a lo largo de 2017. También reclamó la documentación correspondiente a los cuatro requerimientos que el propio ministerio realizó a la Interventora General de la Generalitat.

El 4 de julio, el juez del Supremo volvió a solicitar esa documentación con carácter de urgencia, fijando el 10 de julio como fecha límite. Sin embargo, el ministerio remitió un escrito a través del interventor general de la Administración del Estado en el que solicitaba “ampliar el plazo a un mes, puesto que la elaboración del informe requerirá de este tiempo para atender adecuadamente la solicitud de este tribunal”. Consecuentemente, indica Llarena, la nueva prórroga solicitada “demoraría hasta el próximo mes de septiembre” la instrucción, dado que agosto esta considerado como un mes judicialmente inhábil.

"No se modifica el contenido de la instrucción"

El magistrado desestimó la petición en un auto fechado el 9 de julio, al que ha tenido acceso Crónica Global, en el que afirma que “ni la valoración general de la intervención de las cuentas de la Generalitat en estos dos últimos años, ni el análisis técnico-contable referido a la documentación remitida por la Generalitat a partir de los cuatro requerimientos efectuados en su día por el Ministerio de Hacienda son elementos que modifiquen el contenido de la instrucción”. En este sentido, precisa que “los elementos incriminatorios que han conducido al procesamiento de algunos de los encausados como presuntos responsables de un delito de malversación surgen del contenido de la investigación policial”, así como de “los testimonios que, a petición de las defensas” y “de la evaluación de las propias conclusiones remitidas en su día a este instructor  por el Ministerio de Hacienda y que llevaron a ese ministerio a denunciar determinadas irregularidades ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal de Cuentas”.

Dicho de otra manera, el juez Llarena entiende que el informe pedido “no es fuente de prueba que condicione globalmente el contenido y resultado de la instrucción”. Valora que hay procesados privados de libertad con su “legítimo derecho e interés a la tramitación del proceso con especial celeridad”. Por todo ello, Llarena deja sin efecto la diligencia acordada el 14 de junio.

Como se sabe, el instructor dio por finalizada su investigación. Una vez confirmados los procesamientos, seis diputados han sido suspendidos de cargo público por Llarena.  La decisión no implica la renuncia al acta, pero impide ejercer el voto, lo que en deja en manos de un Parlament con mayoría independentistas decidir si se desobedece o no al Supremo.

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