El entorno posconvergente insiste en sus ataques contra "jueces y funcionarios"

La campaña de coacciones y acoso contra los letrados del Parlament por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, su partido JxCat, y su entorno más cercano continúa. En las últimas horas, los ataques contra ellos se han redoblado desde algunos de los principales referentes mediáticos del independentismo. Es el caso de Xavier Sala i Martín, el economista estrella de TV3, que desde sus redes sociales insiste en exigir su despido por no doblegarse a las exigencias de los posconvergentes y cumplir la ley.

"Si el parlamento representa la soberanía del pueblo, sus resoluciones no pueden ser censuradas por un funcionario. Si al funcionario no le gusta, que se vaya, y si no se va, que lo echen. Democracia es el gobierno del pueblo. No de los jueces y funcionarios", ha argumentado este economista neoliberal afín a los postulados de la antigua Convergència en su perfil de Twitter, dando con ello una muestra elocuente de cuál es su concepto de uno de los principios elementales de toda democracia: la separación de poderes entre el ejecutivo, el legistativo y el judicial. Algo que va en la misma línea de lo apuntado esta misma semana por Josep Lluís Alay, jefe de oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al denunciar una supuesta "dictadura del funcionario".

Sala i Martín ha aderezado su comentario enlazando a un artículo del digital La República, muy próximo al fugado Puigdemont, en el cual se señala que "dos asociaciones jurídicas aseguran que Xavier Muro --el secretario general del Parlament-- tenía que publicar íntegramente" las resoluciones contra la monarquía española que los partidos independentistas aprobaron en el pleno del pasado 7 de agosto, y que el letrado publicó en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC) eliminando dos pasajes contrarios a la ley y a los criterios del Tribunal Constitucional.

Derecho de hace 300 años

El artículo al que alude Sala i Martín, claramente propagandístico, se refiere sin embargo a dos entidades de parte y abiertamente independentistas: la denominada SITxCAT --una sectorial de la ANC, asociación afín y subvencionada por la Generalitat--, y el Col.lectiu Maspons (CMiA), que según se explica en su web, "pretende recuperar la esencia del derecho que se aplicaba en Cataluña dos siglos atrás" (sic), y que quedó "truncado" en 1714. Es decir, el derecho previo a la existencia de las democracias liberales modernas y a la concepción ilustrada de la separación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial ideado por Montesquieu, aunque al mismo tiempo este extraño colectivo lo reivindica.