Puigdemont esconde el proyecto estrella del ‘procés’ a sus funcionarios

No es gratuito que 72 horas antes de que se produzca el temido choque de trenes, esto es, que el Parlamento catalán apruebe la ley del referéndum, la Generalitat haya presentado el despliegue territorial y competencial de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Concebida como una “estructura de estado” y, según el presidente Carles Puigdemont, como un prueba del éxito del procés, lo cierto es que la hacienda catalana carece las competencias y el personal necesario para asumir sus ambiciosas tareas. Así lo advierten los expertos fiscalistas consultados por Crónica Global, así como la oposición política y el Ministerio de Hacienda. La falta de esos recursos personales y materiales ha creado malestar entre los trabajadores de la propia ATC,  que no fueron invitados al gran acto presidido por Puigdemont y el vicepresidente económico, Oriol Junqueras. El Govern tampoco contó con la presencia de los representantes sindicales. La excusa fue la falta de aforo, pero el desaire se une a la opacidad con la que ese despliegue se ha llevado en los últimos meses. Una opacidad que, según fuentes internas, huele a contrato a dedo de personas próximas a PDeCAT y ERC.

Puigdemont y Junqueras anunciaron el aumento de la plantilla de la ATC hasta 700 personas, así como la apertura de 32 oficinas en todo el territorio y, como guinda del pastel, la gestión de los impuestos estatales del sector público catalán a partir del mes de octubre”.

“Lo único que ha hecho la Generalitat es sustituir las oficinas liquidadoras, que dependían del Ministerio de Justicia, por dependencias propias y asumir al personal que trabajaban en ellas”, explica el profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), Esaú Alarcón, quien advierte del “caos" que puede producirse si la desconexión entre la hacienda catalana y la Agencia Estatal se hace de forma no pactada. Duda, asimismo, de que los ciudadanos, bancos o empresarios se arriesguen a pagar los impuestos a una agencia catalana “y sufrir recargos”. También avisa de que los datos fiscales de los contribuyentes no pueden ser utilizados para otros fines diferentes a la exclusiva tramitación de los impuestos estatales cedidos por el Estado.

En este mismo sentido se pronuncia la diputada y responsable de Economía del PSC, Alícia Romero, quien advierte de que la ATC solo puede “tramitar” los impuestos estatales del sector públicos en base a los convenios establecidos con unos 700 consorcios y entidades. “Pero no puede utilizar esos datos para otros fines. Sería ilegal”, afirma tras referirise a la polémica suscitada por Santi Vidal. El exsenador de ERC tuvo que dimitir después de asegurar que el Govern ya tenía datos fiscales de los catalanes obtenidos ilegalmente.

Consecuencias penales

El Ministerio de Hacienda advirtió ayer en un comunicado de que la ATC, como el resto de agencias autonómicas, es competente para gestionar sus propios tributos y los tributos cedidos, como es el impuesto sobre el Patrimonio, el de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, entre otros. Estos impuestos eran gestionados por oficinas liquidadoras, pero la Generalitat no renovó el convenio, lo que le ha valido una demanda por parte de los trabajadores afectados.

Para el resto de tributos "sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente". La consecuencia de no presentar las declaraciones en el lugar correcto podría da lugar a la imposición de sanciones, embargo de bienes e incluso un procedimiento penal.

Romero subraya que se haya pasado de 53 oficinas a 32. Por otro lado, recuerda que el mismo Consejo Asesor para la Transición Nacional fija en 7.000 el número de trabajadores necesarios para gestionar todos los tributos que se pagan en Cataluña, frente a los 700 que tiene la plantilla de la ATC. Cuestiona, asimismo, la opacidad de un proceso de selección de personal en el que no se ha dado publicidad a los nuevos contratados, en su mayoría gestores, no inspectores, lo cual hace difícil esas mejoras en la lucha contra el fraude fiscal anunciadas por Junqueras.