Los juristas asesores de Mas afirman que se "forzó mucho la ley” para que el 9N fuera delito

Los juristas que asesoraron al expresidente Artur Mas en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, han calificado de “atípica” la votación que finalmente se celebró, por lo que creyeron necesario que el Tribunal Constitucional (TC) aclarara los términos de su prohibición, algo que no se hizo.

El catedrático de Derecho Constitucional, Carles Viver Pi Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, ha explicado que en sus informes sobre la celebración de una consulta se advertía de que, “forzando mucho la ley”, se podía incurrir en un tipo penal. “Los informes se entregaban al Govern a través del consejero de Presidencia, Francesc Homs. En ocasiones, nos reuníamos con los consejeros y, en concreto, cuando se emitió el informe sobre la consulta, nos reunimos con el presidente Artur Mas”, ha dicho.

Tras la sustitución de la consulta por el proceso participativo, y la consiguiente prohibición del TC, “yo insistí en que era necesario pedir una aclaración de la interlocutoria. Porque era un caso absolutamente inédito, era un proceso de participación completamente atípico que nunca se había hecho”. Entre esas dudas figuraba si los Mossos podían garantizar la seguridad o no de la votación.

No fue informado

El jurista, que ha hablado de “transmutación de la naturaleza de la consulta”, ha dicho que comunicó al Ejecutivo catalán la necesidad de que el TC aclarara los términos de la prohibición en días inmediatos a la notificación de la providencia el 4 de noviembre de 2014. En esa reunión no se le informó de las acciones organizativas de la consulta que, a partir de ese momento, se llevarían a cabo.

Enoch Albertí, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional desde 2013 en calidad de catedrático de Derecho Constitucional. Fue autor de un informe en el que se analizaba la posibilidad de hacer una consulta legal, con escenarios alternativos, entre ellos una votación organizada por voluntarios, legal pero no basada en la legislación vigente.

Hipótesis alternativas

Albertí ha explicado que se valoró, en una de las reuniones, la posibilidad de incurrir en un ilícito penal. Ha calificado de “relevante” el hecho de que el TC no dictara la ejecutoria de la prohibición del proceso de participación. Ha negado que, tras la providencia del TC en la que se suspendía la votación, se le hiciera alguna consulta por parte del Gobierno catalán.

Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional y miembro también del Consejo Asesor, ha dicho que el citado informe contemplaba hipótesis alternativas en el caso de que no se pudiera celebrar la consulta.

Asimismo ha comparecido brevemente la expresidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, solo para referirse al adelanto electoral que siguió a la votación del 9N.