Puigdemont y los presos del 1-O cargan contra el fiscal Zaragoza: "Confunde política y legalidad"

"Confunde política y legalidad o deseos ideológicos con ordenamiento jurídico, que es lo que le pasa al fiscal Javier Zaragoza". Así reza una de las frases de una carta que los políticos catalanes condenados por el 1-O y los prófugos firman de forma conjunta para cargar contra el representante del ministerio público durante su juicio en el Tribunal Supremo.

En una misiva que ha publicado La Vanguardia, y que suscriben el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, y Joaquim Forn, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la republicana Marta Rovira secundan que "Zaragoza no es quién para dar lecciones a nadie sobre respeto a las normas ni sobre la correcta aplicación del derecho", y que todos ellos padecen "su retorcida interpretación del derecho que le ha llevado a extremos tales como violar la inmunidad" de muchos de ellos, "e incumplir abiertamente las normas legales vigentes".

"Todo es ETA"

Aún hay más. El prófugo y los condenados por sedición y malversación sostienen que "la torpe concepción" del fiscal "de que todo es ETA le contamina cualquier valoración". Así, señalan que Zaragoza, de forma intencionada, utiliza la referencia a la banda terrorista, una "falacia", sostienen, habitual "entre parte de la fiscalía y la judicatura española" para contaminar al "enemigo". Lo que, según los presos, "desacredita" la posición del representante del Ministerio Fiscal "desde el inicio". 

Mientras elogian las decisiones de la justicia belga o la alemana, por los fallos sobre Puig y Puigdemont respectivamente, los procesados por el referéndum ilegal insisten en su ataque a la fiscalía patria. "A pesar de hablar tanto de la ley, se olvidan siempre de defender los derechos fundamentales. No parece muy ejemplar hacer política desde el sistema judicial, ni convertir las normas en un simple instrumento para conseguir fines políticos. Afortunadamente, en Europa esto no funciona así", indican.