Puigdemont apela al bolsillo de los catalanes: aeropuerto y hacienda catalana

Casi en tiempo de descuento, el Govern ha intentado cargarse de razones económicas para justificar la independencia de Cataluña. Lo ha hecho en vísperas del choque de trenes que supondrá la aprobación de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad. Curiosamente, invoca dos ámbitos en los que renunció a tener más competencias: el aeropuerto de El Prat y la hacienda catalana.

En 2006, en pleno proceso de reforma del Estatut, el expresidente Artur Mas –que entonces se encontraba en la oposición— se reunió en la Moncloa con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí salieron los llamados “pactos de la Moncloa” sobre un texto estatutario en el que no se incluyó la gestión catalana del aeropuerto de El Prat, ahora reivindicada por el Gobierno catalán

En efecto, el consejero de Territorio de la Generalitat, Josep Rull, presentó ayer un informe sobre la gestión de El Prat en el que denuncia la discriminación que este aeropuerto sufre por parte del Estado. En concreto, el informe critico los colapsos registrados este verano en los controles de seguridad y afirma que “mientras el aeropuerto barcelonés aporta el 55% del beneficio de AENA y solo recibe el 7% de la inversión aeroportuaria del Estado, Madrid recibe el 20%, aunque solo aporta el 4%”. Rull avisó de que “o se toman decisiones rápidas o nos podemos encontrar en una situación de saturación que nuestra economía no se puede permitir”.

Aires de independencia fiscal

Un día antes, el propio presidente Carles Puigdemont presentaba el despliegue definitivo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con aires de independencia fiscal, aunque en realidad, la Generalitat seguirá manteniendo un papel de intermediación con el Estado.

El Estatuto contemplaba la creación de un consorcio con el Estado para gestionar conjuntamente todos los impuestos e intercambiar información. Sin embargo, el Govern nunca se interesó por constituir este consorcio y se embarcó en un proceso secesionista donde la ATC es planteada como una estructura de Estado. Pero ni cuenta con el personal necesario para gestionar todos los impuestos ni competencias para hacerlo.