Así responderá el Gobierno y el Constitucional al penúltimo pulso secesionista

El Pleno del Tribunal Constitucional se reúne a partir de hoy de forma extraordinaria, coincidiendo con el Pleno que comienza en el Parlamento de Cataluña y que podría aprobar la ley del referéndum. En paralelo, el Gobierno español permanece en alerta ante este penúltimo pulso secesionista. Esta “coordinación” de las instituciones del Estado ha sido muy criticada por las formaciones independentistas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado en diversas ocasiones que responderá de forma proporcional, pero con firmeza, a los avances del procés. Sin embargo, el Alto Tribunal tiene los instrumentos legales necesarios para actuar en solitario.

La última reforma del TC habilita a sus magistrados a instar la vía penal de forma inmediata si de sus actuaciones se derivan indicios de delito. Y se da la circunstancia de que el TC mantiene en suspenso la reforma del reglamento del Parlament que permitió impulsar la ley del referéndum por la vía de urgencia. La última providencia enviada a la Mesa del Parlamento catalán era muy contundente, según los juristas consultados por Crónica Global, en el sentido de advertir de las consecuencias penales de seguir adelante con esa ley. De ahí que la Mesa haya pospuesto en cuatro ocasiones la tramitación de la ley. Precisamente para evitar la suspensión de los miembros de la Mesa, presidida por Carme Forcadell sobre la que, en paralelo, pesan dos querellas instruidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia y prevaricación, al haber permitido la aprobación de iniciativas rupturistas.

Desarrollo del pleno del Parlament

El desarrollo del pleno de hoy determinará si el Constitucional actúa contra Forcadell y los miembros de la Mesa que pertenecen a formaciones independentistas, y abre la vía penal para suspender sus funciones, que serían asumidas por José María Espejo-Saavedra, diputado de Cudadanos y vicepresidente segundo.

Más espectacular sería la suspensión o inhabilitación de los miembros del Gobierno catalán si, antes o después de la aprobación de la ley del referéndum, firman colegiadamente el decreto de convocatoria del referéndum. Sería un trámite largo, pues estaría precedido de un recurso previo que, al ser presentado por el Gobierno de España, dejaría en suspenso ese decreto automáticamente. En caso de desobediencia, se instaría a esa suspensión de funciones –el Gobierno español descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución, suspensión de la autonomía, aunque parte de su electorado así se lo pide--.

Sin embargo, algunos juristas apuntan a que el decreto de competencias de los consejeros de la Generalitat solo responsabiliza al presidente Carles Puigdemont y a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, de los procesos electorales. La firma por todos los consejeros del decreto de convocatoria, más allá del gesto simbólico y mediático, no serviría de nada. Es decir, que las consecuencias penales solo afectarían a cargos de PDeCAT. El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras (ERC), no se vería afectado, aunque en la última remodelación del Govern, Puigdemont encargó al líder republicano la gestión del referéndum.