El PSC espera que la petición de cárcel a Jové y Salvadó no perjudique a sus relaciones con ERC

La portavoz de PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha expresado este viernes su "apoyo" a los exaltos cargos del Govern, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, para quienes la fiscalía pide siete y seis años de cárcel, respectivamente, por su participación en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. La socialista ha expresado su "respeto" por las decisiones judiciales y espera que ésta no interfiera en sus relaciones con ERC tras pactar los presupuestos de la Generalitat para 2023. 

Pese a la solicitud de la fiscalía, Romero ha defendido la "presunción de inocencia" de Salvadó y Jové, con quienes mantiene "una relación cordial" y siente "afecto" personal. 

Josep Maria Jové (i), ex secretario general de Economía y actual diputado de ERC en el Parlament, y Lluís Salvadó (d), exsecretario general de Hacienda de la Generalitat y ahora director del Puerto de Barcelona / EFE

"Esperemos que no se mezcle con otros procesos"

"Somos muy respetuosos con las decisiones judiciales, hay un proceso judicial abierto. Veremos, aún queda mucho para el juicio y una posible sentencia", ha expresado la portavoz del PSC en el Parlament tras conocer la decisión del ministerio público. Pese a que respeta la decisión, espera que este proceso judicial no tenga ningún "impacto" en la política catalana, sobre todo después de que su partido se haya puesto de acuerdo con ERC para aprobar los presupuestos para este año.

"Nos gustaría que pudiésemos separar las cosas, nosotros aquí hacemos una función legislativa, esperemos que no se mezcle con otros procesos", ha agregado, tras la reunión del "gobierno alternativo" del PSC.

Desobediencia, prevaricación y malversación agravada

Este viernes, se ha dado a conocer que la Fiscalía Superior de Cataluña pide siete años de cárcel y 32 de inhabilitación para el exsecretario general de Vicepresidència y Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para el exsecretario de Hisenda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, por participar en los preparativos del 1-O. En su escrito de acusación, les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agravada. Además, les reclama una indemnización conjunta de 754.920 euros por los perjuicios causados a las arcas públicas.

A la consellera de Cultura, Natàlia Garriga --que ocupaba un cargo en el Departamento de Economía en 2017-- la acusación pública le atribuye desobediencia, un delito que no conlleva pena de prisión. No obstante, el ministerio fiscal le pide un año de inhabilitación. La acusación pública sigue el mismo criterio que el Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del procés descarta que los gastos del 1-O encajen en el , previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, en su paseo con motivo de Sant Jordi / EP

El PSC defiende la reforma del Código Penal

Así pues, las peticiones de penas de la fiscalía chocan con las previsiones de ERC tras la reciente modificación legislativa pactada con el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Una reforma que Romero da por buena al considerar que el Gobierno hizo "lo que tocaba, que es modificar el Código Penal para homogeneizarlo con los países europeos". 

"No está en nuestras manos lo que el poder judicial acabe haciendo", ha puntualizado la socialista, para quien "es evidente que, si hay unos presuntos delitos que se han cometido", la justicia tiene que "investigarlos".