La presión independentista rompe las costuras de las instituciones catalanas

El independentismo ha vivido muchas “jornadas históricas”, pero ayer hubo un antes y un después en la vida parlamentaria catalana. El pleno celebrado en la Cámara catalana en el que se tramitó la ley del referéndum demostró hasta qué punto puede llegar la presión secesionista y cómo ésta ha reventado las costuras del autogobierno, menospreciando instituciones democráticas y pervirtiendo las leyes.

Para algunos, la bronca parlamentaria que rodeó la tramitación de la ley que debe regular el 1-O fue “un sainete”. Para otros “un circo con varias pistas”. Para todos, incluidos algunos diputados de Junts pel Sí descontentos –así lo confesaban en los pasillos parlamentarios-- con el resultado de su pulso secesionista, un espectáculo sin precedentes. “Filibusterismo” fue la palabra repetidamente pronunciada por la secretaria general de ERC y portavoz de JxS, Marta Rovira, en alusión a las dilaciones parlamentarias que, a su juicio, cometieron los diputados de PP, PSC, CSQP y Ciudadanos. Una alusión incluida en un discurso en ocasiones melodramático y que marcaría el paso a la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entregada a ejercer de correveidile de los independentistas.

El pulso de Bayona

Arrancó la jornada con la primera de las muchas reuniones de la Mesa del Parlament que tuvieron lugar durante el pleno. No solo se admitió a trámite la polémica ley, que permanecía escondida desde el 31 de julio, sino que se rechazó un informe elaborado por los letrados de la Cámara en el que se advertía de que no era posible aprobar la ley del referéndum mediante un procedimiento exprés. Los abogados recordaron que la reforma del reglamento del Parlament --impulsada por JxS y la CUP-- que ha habilitado esa vía de urgencia está suspendida por el Tribunal Constitucional.

Las caras de los letrados, visiblemente enojados, evidenciaban su parecer respecto al desprecio de la Mesa del Parlament. No era la primera vez que sus advertencias sobre el procés caían en saco roto. Lo sabe bien Antoni Bayona, letrado mayor a quien, según fuentes parlamentarias, Forcadell negó ayer la palabra en la reunión de la Junta de Portavoces.

Publicación clandestina en el BOPC

Después llegaría la perversión del reglamento de la Cámara catalana, forzado hasta el extremo de obviar la necesidad de que la admisión a trámite de la ley fuera publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) por orden del secretario general del Parlament, es decir, de un fedatario público. En su lugar, la Mesa lo hizo de forma clandestina, encomendándole esa función a los cuatro miembros de JxS presentes en la reunión. Si con ello se pretendía salvar a Forcadell, erraron: la Fiscalía actuó de forma inmediata anunciando una querella contra la presidenta del Parlament, y posteriormente contra los cuatro.

Y es que, sin duda, Forcadell se convirtió en la protagonista de la jornada al someterse a los designios de Junts pel Sí y la CUP, pero sin saber canalizar esas instrucciones por su desconocimiento del reglamento. Esta ignorancia –ya no tiene la ayuda de Lluís Corominas (PDeCAT), exvicepresidente primero de la Mesa-- fue hábilmente utilizada por los portavoces de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y del PP, Alejandro Fernández, quienes hurgaron en las debilidades de la exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que estuvo a punto de perder los papeles.

"Un golpe de estado contra la democracia"

En paralelo, el líder del PSC, Miquel Iceta, así como los portavoces parlamentarios, Ferran Pedret y Eva Granados, igualmente conocedores de los procedimientos parlamentarios, han utilizado todos los instrumentos legales necesarios para combatir ese desafío independentista, no ya a la Constitución y el Estatuto, sino a las propias instituciones catalanas. Lo decía el portavoz de CSQP, Joan Coscubiela: “Hoy hemos vivido un golpe de estado contra las leyes catalanas”.

Y como colofón de ese torpedo contra la línea de flotación del autogobierno, la Mesa expresó su menosprecio al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), una especie de tribunal constitucional catalán que debe velar por el ajuste de las leyes catalanas al Estatuto y la Constitución. El informe emitido al mediodía por los juristas de este órgano consultivo era muy taxativo: el CGE debe pronunciarse sobre la forma en la que se ha tramitado la ley del referéndum y tiene un mes para emitir su dictamen.

Y, finalmente, aunque no menos importante, la sesión parlamentaria visualizó el ataque de los independentistas a la Constitución y el Estatuto, bases jurídicas de todo el autogobierno catalán, incluidos el propio Parlamento y el Gobierno de la Generalitat.