La renovación del Constitucional marcará la presencia del castellano en la escuela

El objetivo de la Generalitat, así lo transmitió a los directores de centros, era prolongar el proceso judicial sobre el uso del castellano en las escuelas hasta llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC). Y así ha sido. El futuro de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes está ahora en manos del alto tribunal, por lo que el nuevo curso comenzará sin que se aplique la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos un 25% del horario lectivo, tal como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Constitucional, lastrado por las pugnas entre PSOE y PP, está en proceso de renovación y una previsible mayoría de jueces progresistas genera inquietud en los colectivos que defienden el bilingüismo, ya que la ley catalana en cuestión fue apoyada por el PSC.

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, el presidente de la Generalitat Pere Aragonès y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una manifestación contra la vehicularidad del castellano en el sistema educativo de Cataluña / LUIS MIGUEL AÑÓN

Las últimas novedades sobre la causa judicial sobre la flexibilización de la inmersión tuvieron lugar ayer, a pocos días de que comience el curso escolar. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC rechazó aplicar las medidas cautelares solicitadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que asesora a los padres que defienden el derecho a que sus hijos estudien también en castellano. Entre los argumentos que el tribunal utiliza en su resolución destaca el del ministerio fiscal, que recuerda la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC sobre la ley y el decreto aprobados por el Govern que regulan los usos lingüísticos en las escuelas.

Respuesta a la sentencia del TSJC

Son normas aprobadas hace varios meses para dar respuesta precisamente a la sentencia del TSJC, confirmada por el Tribunal Supremo, sobre el 25% de castellano en las aulas. La ley contó con el apoyo del PSC porque contempla por primera vez el castellano como lengua de aprendizaje (el catalán sigue siendo vehicular), no así el decreto, en el que se rechaza explícitamente la fijación de cuotas lingüísticas.

Las entidades a favor del bilingüismo, que han convocado una manifestación para el 18 de septiembre bajo el lema El español, lengua vehicular, temen que la renovación del TC decante las mayorías a favor del PSOE, lo que a su juicio, haría difícil un pronunciamiento que supusiera un revés para los socialistas catalanes. Tras años de ambigüedad, el partido liderado ahora por Salvador Illa colocó en su agenda la cuestión lingüística, convencidos de que es posible flexibilizar la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro.

Pasividad del Gobierno

Pero el Ejecutivo catalán se resiste a modificar los proyectos lingüísticos y los padres recurrentes creen que las nuevas normas suponen una subterfugio para incumplir las sentencias. No esconden su “sorpresa” ante la decisión del fiscal de “alinearse” con el Govern y rechazar las medidas cautelares. Tampoco sus críticas al Gobierno español, que deja en manos de los tribunales el conflicto sobre la lengua.

El TC analizará por primera vez una ley educativa catalana. Hasta ahora, el alto tribunal nunca se ha pronunciado sobre el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) o sobre la Ley de Política Lingüística (LPL) de 1998. De ahí que la decisión del TSJC de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas catalanas aprobadas recientemente sea histórica.

Instrucciones

El curso escolar 2022-2023 comenzará, por tanto, con un blindaje de la inmersión. De hecho, la Consejería de Educación ha publicado normas sobre cómo deben organizarse los centros. En Documents per l’organització i la gestió dels centres. Projecte educatiu del centre. Curs 2022-2023 [se puede leer en este enlace], la Conselleria indica que “la lengua catalana debe ser el vehículo de expresión y comunicación normalmente empleado, tanto en las actividades internas del centro como en las de proyección externa”. El catalán, añade, “no es sólo una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general”.

Un grafiti nacionalista en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) / EP

Asimismo, se utilizará la lengua catalana u occitana, y en la lengua de signos catalana si procede, “las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas, informes y comunicaciones); las exposiciones de los profesores; las actividades de aprendizaje y de evaluación; la interacción entre docentes y con los alumnos, y las actividades de formación del profesorado, con excepción de las actividades que tengan como objetivo explícito promover el conocimiento y el uso de otras lenguas”.

Se utiliza normalmente la lengua catalana “en las actuaciones del centro en las que intervienen instituciones y entidades del entorno, con el objetivo de garantizar su continuidad y la coherencia educativa, tanto en lo referente al aprendizaje como al uso, y con el fin de contribuir a la cohesión social; se traslada a los profesionales encargados de gestionar las actividades no docentes (comedor escolar, actividades extraescolares, etc)”.

Atención individualizada

El documento indica que “cuando una familia lo solicite, los equipos directivos o los titulares de los centros deben adoptar las medidas organizativas pertinentes para prestar la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza”, de forma que “se haga compatible la pertenencia al grupo clase con la especificidad de los aprendizajes de estos alumnos. El director o directora del centro debe comunicar a los servicios territoriales o, en la ciudad de Barcelona, al Consorcio de Educación las necesidades derivadas de la organización de la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza que no puedan ser atendidas con los recursos del centro”.

La AEB ha impugnado esas directrices.