El TSJC rechaza medidas cautelares para garantizar el castellano en el nuevo curso escolar

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechaza la adopción de medidas cautelares que garantizarían que en el inicio de curso se impartieran asignaturas en castellano. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha anunciado que recurrirá la resolución, que viene apoyada por la Fiscalía, contraria también a aplicar esas medidas. El Govern presentó un escrito en el tribunal contrario a aplicar la sentencia que avala un 25% del horario lectivo en castellano en las aulas.

AEB había pedido a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que "ordene al Departamento de Educación para que adopte las medidas necesarias para que en el curso 2022-2023 se incluya en los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos al castellano como lengua vehicular de enseñanza y referencia (además del catalán, el aranés en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana)". "En consecuencia con lo anterior, al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo (o la equivalente en el nuevo currículo) se deberá desarrollar en castellano y en las pruebas de evaluación también se deberá ofrecer a los alumnos catalanes la posibilidad de realizar los ejercicios también en castellano con el correspondiente material en esta lengua oficial”, remarca la solicitud.

Los argumentos del TSJC

Pero el TSJC entiende que "una lectura en profundidad del recurso donde se peticiona la medida, evidencia que el objeto de la medida cautelar coincide íntegramente con el objeto del recurso interpuesto, de manera que su adopción adelantaría practicamente la estimación integra del recurso. Aunque ello no sea extraño o infrecuente lo que sí es inadmisible es la falta de concreción de los perjuicios que se derivarían en el supuesto de que no se adoptara la medida cautelar y, contrariamente a ello, fuera estimada con carácter definitivo la pretensión ejercida en el recurso". 

El 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray / EP

Insiste en que "esa falta de determinación de los perjuicios "que se deberían evitar con la concesión de la medida cautelar, pone en evidencia es, que lo que se pretende en realidad, es avanzar el dictado de una resolución favorable a la parte recurrente. Dicho interés que no puede tildarse de reprobable, tampoco resultará muy mermado, habida cuenta que estamos en un procedimiento de carácter sumario como es el procedimiento de derechos fundamentales". Los jueces advierten, asimismo, que "la adopción de esa medida positiva podría crear una irreversibilidad, en el caso de desestimarse el recurso". 

Inconstitucionalidad de las nuevas normas catalanas

Por su parte, la Fiscalía basa su rechazo a la aplicación de medidas en el hecho de que el Decreto Ley 6/2022 de 30 de mayo y la posterior Llei 8/2022 de 9 de junio que regulan los usos lingüísticos en el ámbito edicativo fueron recurridas por la AEB y están pendientes de su posible inconstitucionalidad, tal como planteó el propio TSJC. 

Las quince asociaciones que integran la plataforma Escuela de Todos, cuyo objetivo es defender los derechos lingüísticos de todos los catalanes, ha convocado una manifestación el domingo 18 de septiembre de 2022 en Barcelona con el lema El español, lengua vehicular. Partirá a las 12:30 h desde el Arc del Triomf de Barcelona y finalizará a las puertas del Parque de la Ciutadella en el paseo de Picasso.