La precariedad laboral se cronifica en la sanidad

Un total de 9.892 profesionales con contrato eventual, con una duración media de 58 días, y 19.144 interinos. Las cifras, correspondientes al Institut Català de la Salut (ICS), confirman lo que el personal laboral de la Generalitat viene denunciando desde hace años: que la precariedad laboral se ha enquistado hasta al punto de afectar a uno de cada tres empleados de la Administración catalana. La situación vulnera las directivas europeas, que obliga a contratar como fijos a los trabajadores que llevan años enlazando contratos.

Salud y educación, pilares sociales de toda Administración, son las áreas de la Generalitat con más empleados. De ahí que las cifras sean más voluminosas. En el ámbito sanitario, la pandemia ha incrementado el número de contratos temporales, pero “se trata de una situación excepcional. La figura del contrato temporal es legal, pero se ha utilizado de forma fraudulenta, porque ha interesado que así fuera”, explica a Crónica Global la presidenta de la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC), Ruth Gras, trabajadora social que lleva más de 30 años en situación de interinidad.

"Abuso fraudulento"

Unas palabras que van en la línea de lo denunciado por Metges de Catalunya (MC), que acusa al ICS de "estar abusando de forma fraudulenta" de la contratación temporal no justificada, "petrificando la precarización de los profesionales que deben garantizar el derecho fundamental a la salud de la ciudadanía'". Para MC, esta actuación es "especialmente grave", ya que es la Administración pública quien la protagoniza, "cuando debería ser ejemplo de respeto escrupuloso a la normativa que ella misma dicta". 

Las cifras se han conocido cuando todavía colea la polémica sobre los sobresueldos que cobró el jefe de Recursos Humanos del ICS, escándalo que avanzó este medio y que salpica a la cúpula sanitaria de Junts. 

Empleados del Departamento de Salud de la Generalitat / GENCAT

Casi la mitad de trabajadores, provisionales

Como ella se encuentran otros muchos empleados del ICS, la empresa pública de servicios de salud más grande de Cataluña, dependiente de la Consejería de Salud. En este departamento trabajan un total de 74.920 personas, de las que 17.754 son funcionarios, 17.267 interinos, 29.000 laborales indefinidos, 10.579 laborales temporales y ocho, eventuales, según los datos del propio Govern. Es decir, que casi la mitad de los trabajadores son provisionales.

En el caso del ICS, los datos son desglosados por el propio consejero de Salud, Josep Maria Argimon, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PSC-Units, Assumpta Escarp. El número de profesionales interinos en esta empresa pública era de 19.144 en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, siendo la gerencia territorial de Barcelona la que concentra mayor número, con 5.413, seguida de la gerencia territorial metropolitana sur, con 4.405. Por grupos profesionales, los interinos se dividen en facultativos especialistas y titulados (3.691), diplomados sanitarios (5.934), técnicos sanitarios (3.168), área funcional de gestión y servicios (4.041) y residentes (2.408).

Barcelona concentra las provisionalidades

Asimismo, indica Argimon, el número total de profesionales con contrato eventual en el ICS es de 9.892 para el mismo período. De nuevo, las gerencias de Barcelona y del área metropolitana concentran esas provisionalidades, que se dividen en facultativos especialistas (501), titulados superiores sanitarios (589), área funcional sanitaria A2 (3.205), otro personal sanitario (2.205), área funcional de gestión y servicios (3.326) y residentes (56). La duración media de contratos eventuales es de 58 días.

“La gente se jubila siendo interino. Hacen contratos de varios días o meses. No es cierto que la culpa sea de la crisis, que impide hacer oposiciones, pues el problema se remonta a años atrás. Tienen al personal que quieren y como quieran”, asegura la presidenta de PIC.

La protección de los funcionarios

Explica, en este sentido, que “un funcionario está protegido y no es porque sí. Realizan un trabajo sensible a las presiones. Un funcionario se puede negar, un temporal no, porque les echan en cualquier momento”.

Trabajadores interinos por administraciones

El 19 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que se instaba a las administraciones a hacer efectiva una directiva europea dictada en 1999 sobre la necesidad de regularizar la situación de los interinos. El sector privado sí que incorporó esa directriz --transcurridos tres años, las empresas están obligadas a hacer un contrato indefinido al trabajador o a rescindir el acuerdo--. “Pero la empresa más grande de España, que es la Administración, no aplica esa norma europea que implica hacer fijo al trabajador o pagarle una indemnización”, explican desde PIC. Calcula esta plataforma que las sanciones económicas por el abuso que sufren miles de trabajadores costaría a las administraciones unos 5.200 millones de euros.

El exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta (actual titular de Cultura) aprobó un decreto-ley el pasado mes de julio, pero que según los sindicatos y PIC, no aplica las recomendaciones europeas, y el Gobierno se ha comprometido a modificar ese “icetazo”. En el caso de la sanidad y la educación, la ley otorga un año para adaptarse a las nuevas condiciones debido al gran volumen de empleados que engloban.

El jueves, los interinos harán huelga en toda España.