“El Govern es una apisonadora laboral”: Uno de cada tres trabajadores son precarios

Las cifras son contundentes: de los 215.384 trabajadores de la Generalitat, 58.580 son interinos. Es decir, uno de cada tres, según los datos de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública. “La Generalitat es una apisonadora”, remata Eli, jurista de profesión que trabaja en la Consejería de Educación.

Trabajadores interinos por administraciones

El pasado jueves, el pleno del Parlament dio luz verde a la proposición de ley contra la temporalidad en las administraciones y el sector público catalán. Una iniciativa de la CUP que fue secundada por todos los partidos políticos y que ha supuesto un revulsivo para quienes luchan desde hace años por lograr esa estabilidad y que fundaron la Plataforma d’Interins de Catalunya (PIC). Pero la legislatura finalizará en pocos meses, lo que hace temer a los afectados que esa tramitación tan esperada decaiga y vuelva a caer en el olvido. 

Manifestación de miles de interinos e interinas en Madrid / EFE

Según los datos del Govern, Generalitat, administración local, universidades y entes parlamentarios suman 324.914 trabajadores, de los cuales 135.207 son funcionarios y 68.499, interinos. En el cuerpo superior de la Generalitat, la provisionalidad alcanza los 1.164. Un problema, el de la provisionalidad, que afecta a toda España.

Un colectivo atemorizado

“Yo entré en la administración en el año 2000 con mentalidad de hacer oposiciones. No se convocaron hasta 2009. Pero cuando tienes tres hijas y un divorcio, la vida se complica. La Generalitat nunca ha querido buscar una solución. Hemos sido un colectivo atemorizado hasta que hemos dicho basta”.

El pasado 19 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que se instaba a las administraciones a hacer efectiva una directiva europea dictada en 1999 sobre la necesidad de regularizar la situación de los interinos. El sector privado sí que incorporó esa directriz –transcurridos tres años, las empresas están obligadas a hacer un contrato indefinido al trabajador o a rescindir el acuerdo--. Pero “la empresa más grande de España, que es la administración, no aplica esa norma europea”, explican desde PIC. Calcula esta plataforma que las sanciones económicas por el abuso que sufren miles de trabajadores costaría a las administraciones unos 5.200 millones de euros.

Los tribunales lo avalan

En junio de 2020, un juzgado contencioso-administrativo de Alicante reconoció a una trabajadora interina la condición de fija con los mismos derechos que corresponden a funcionarios de carrera.

Temporalidad en el cuerpo superior de la Generalitat de Cataluña

Finalmente, el 30 de septiembre, el TJUE volvió a dictaminar sobre la necesidad de que los Estados miembros establezcan sanciones suficientemente disuasorias sobre las administraciones que abusan de la temporalidad.

La mayoría, mujeres

“La actitud de la administración es muy prepotente. El perfil funcionarial de la Generalitat es muy femenino, con una media de edad de casi 50 años y con cargas familiares. Hay mucha hipocresía. Cuando se hacen declaraciones institucionales a favor de la mujer, no lo puedo soportar”, explica esta interina, jurista de profesión, quien denuncia el abandono de los sindicatos.

Precisa que “nosotros no nos oponemos a que se incorpore gente nueva a la administración. Se necesita sanitarios, profesores, personal para el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), lo estamos viendo ahora con el Covid. Pero si nos echan a quienes tenemos una experiencia de 20 años ¿quién va a enseñar a los jóvenes?”.

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