El Parlamento europeo exigirá al Govern el 25% de horas en castellano

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha acordado a primera hora de esta tarde mantener abierta la petición presentada por Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), sobre la discriminación de alumnos castellanohablantes en colegios de Cataluña. Este órgano parlamentario ha acordado cursar las peticiones de Losada, que hoy ha comparecido en la PETI, e instará a la Generalitat a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16/12/2020 que obliga a todos los centros educativos catalanes a impartir un mínimo del 25% de horas en castellano.

Asimismo, la Comisión se dirigirá al Gobierno de España para exigir que garantice los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes reconocido en esa sentencia, que la haga cumplir, y que para ello adopte las medidas necesarias.

La Comisión ha aprobado estas medidas con el apoyo mayoritario de los grupos Popular y Renew Europe (liberales) y la oposición de los grupos Socialista, Verdes y Nacionalistas (Bildu, J+Cat, ERC, corsos…).

En su intervención, la presidenta de la AEB --entidad que asesora a las familias que reclaman la escolarización de sus hijos en castellano-- ha denunciado que la Generalitat "ha puesto su maquinaria administrativa para hacer imposible ejecutar la sentencia que obliga a garantizar el derecho de los alumnos catalanes a una enseñanza en castellano. Lo hace en todos los frentes: presionando a los directores de los centros, amparando a los que vayan a incumplir la sentencia; estimulando las protestas contra las sentencias; avalando pronunciamientos contrarios a la ejecución de la sentencia en el Parlamento de Cataluña; y creando un clima de presión para las familias y entidades cívicas que defienden el derecho a una escolarización bilingüe (en catalán y en castellano)".

30 años de vulneración de derechos

"Quieren hacer imposible --advierte-- la ejecución de una sentencia que pone fin a 30 años de vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes que tienen derecho a ser escolarizados también en castellano. Lamentablemente, hasta ahora, el Gobierno de España ha mantenido un sospechoso silencio".

Ha explicado que la Asamblea "asesora a familias que solicitan la enseñanza en castellano y en catalán ante los tribunales". "Por eso es especialmente doloroso para nuestra asociación poner de manifiesto lo que están padeciendo las familias después de la firmeza de la sentencia que obligaba con carácter generalizado el cambio del sistema educativo catalán. En especial queremos destacar lo ocurrido con una familia de un colegio de Canet que tiene escolarizada una niña de 5 años en educación infantil".