Sigue el acoso en el colegio de Canet: 28 familias se oponen al 25% en castellano ante el TSJC

Continúa la polémica en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) dos meses después de que la justicia fallara parcialmente a favor de los padres de un alumno de P5 que solicitaron una educación bilingüe en el centro. Los tribunales fijaron entonces en un 25% las clases que se debían impartir en español y ello derivó en una campaña de acoso a los solicitantes, con llamados incluso a apedrear su casa o a boicotear su comercio. Ahora, 28 familias han llevado esa medida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la revoque y recupere la inmersión lingüística 100% en catalán. Están representadas por el exdiputado de la CUP Benet Salellas.

Se trata de 28 de las 49 familias de los alumnos de P5 del colegio Turó del Drac; es decir, compañeros de los solicitantes del bilingüismo en las aulas. En un manifiesto, aseguran sentirse “interpeladas” tras la decisión del alto tribunal de establecer una cuarta parte de las asignaturas en castellano desde el pasado diciembre, por lo que han pedido incorporarse como parte afectada a la causa abierta sobre la escolarización de estos alumnos. Por ahora, solo está la Conselleria de Educación. Y anuncian movilizaciones.

Los defiende Benet Salellas

Así lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa Benet Salellas, el abogado que han contratado para su defensa, quien también fue uno de los defensores de Jordi Cuixart en la causa del procés. Según el letrado, la respuesta del TSJC sobre si acepta que las familias se personen en la causa se debe dar en los próximos días, puesto que “afecta a medidas cautelares”.

En este sentido, ha considerado que al alto tribunal “ya le va bien” que las familias no estén representadas porque, así, el debate “se produce solo entre la familia denunciante y la conselleria”, a pesar de que los padres de los compañeros del niño de Canet “sufren las consecuencias de la decisión judicial”.

Lamentan el “carácter político” de la demanda

Por su parte, la representante de este grupo de familias, Helena Díaz, ha afirmado que han puesto en marcha esta vía judicial porque “supone un agravio a los derechos educativos y lingüísticos” de los hijos e impacta en la “igualdad de oportunidades del alumnado”. Por este motivo, exigen al Govern que “sea valiente y digno del pueblo catalán” y que “blinde la inmersión lingüística y la escuela catalana”. Dicho de otro modo, que arrincone el castellano en la escuela.

En esta línea, reclama al Ejecutivo catalán que escuche a maestros, pedagogas, educadoras y familias cuando se trate de la educación de sus hijos y lo haga “por encima de las razones políticas”. De hecho, lamentan que la demanda interpuesta por la familia denunciante “tiene un carácter totalmente político” para atacar el proyecto educativo del centro escolar. “No podemos tolerar la imposición de unas cautelares que se escapan a todos los criterios pedagógicos y sin argumento lingüístico y social”, subrayan.

Preparan nuevas movilizaciones sociales

Salellas ha remarcado que se quiere discutir jurídicamente qué tiene que pasar con el 25% de las materias en castellano y “abrir la batalla jurídica a todos los efectos y niveles”. Asimismo, confía en que el TSJC acepte la personación de este grupo de familias, ya que esto aportará una “perspectiva diferente”.

Por otro lado, las 28 familias afirman que en el centro no hay ningún conflicto, pues se vive una convivencia normal. No obstante, han anunciado que están preparando nuevas movilizaciones de carácter social que todavía están por decidir. La que organizaron el 10 de diciembre en Canet a favor del monolingüismo, convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y el sindicato Intersindical-CSC, reunió a unas 300 personas.