El Parlament aprueba investigar la gestión de las residencias de Cataluña

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves crear una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la crisis por el coronavirus, propuesta que han apoyado todos los grupos parlamentarios.

La comisión pretende describir y documentar diferentes formas de gestión de residencias y sus resultados, así como analizar las causas que han podido provocar "la pérdida de vidas derivadas del Covid-19 y si éstas se hubieran podido evitar", según la propuesta, promovida por la CUP y firmada por todos los grupos de la oposición.

También tiene por objetivo identificar los elementos materiales y organizativos que podrían haber facilitado la protección de la vida de los residentes, y determinar "las personas físicas, los responsables políticos y administrativos que participen de la titularidad y la gestión de residencias, y las competencias y responsabilidades que corresponden a cada uno".

Configurará un mapa sobre las muertes, los positivos de Covid-19 y las residencias más afectadas, y plantea identificar medidas de reparación para las familias de víctimas del coronavirus y mecanismos para que la sociedad no tenga que "sufrir una situación como la vivida".

Críticas al Govern

La diputada de Cs Noemí de la Calle ha cargado contra el Govern: "Como no quieren recortar en chiringuitos políticos para destinar más recursos a los ciudadanos que necesitan protección de la administración", las residencias se han ido deteriorando por su inacción, algo que ha generado el escenario perfecto para que el virus causara estragos en los centros, según ella.

Desde el PSC-Units, Raúl Moreno ha negado que la oposición utilice este asunto para desgastar al Govern, porque se desgasta por sí sólo, según él: "Querer intercambiar el silencio de la oposición sobre las residencias por el apoyo de una medida como el estado de alarma es indigno. Oponerse a las dos es inmoral. Suerte que han rectificado", ha dicho a ERC.

Marta Ribas (comuns) ha pedido extraer lecciones de esta comisión para que no se repitan los mismos errores, y ha pronosticado que algunas de las conclusiones que se alcanzarán son que "es necesario hacer cambios en el modelo", que no se puede volver al anterior de externalización y que se deben mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores.

Vidal Aragonés (CUP) ha sostenido que las residencias han experimentado un colapso causado por la pandemia pero también por elementos anteriores al coronavirus: un modelo que apuesta por la gestión privada, las condiciones laborales de los trabajadores del sector, una "infradotación económica por parte de la administración" y la falta de inspecciones suficientes, según él.

El popular Santi Rodríguez ha subrayado que la crisis empezó con falta de información y criterios claros del Govern --en un momento en que la consellera Meritxell Budó dijo que hubieran decretado el confinamiento total, según él--, y ha advertido de que rechazar "según qué ayudas es una grave irresponsabilidad", en referencia a las de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Postura de JxCat y ERC

JxCat y ERC, los únicos grupos parlamentarios que no han firmado la propuesta --aunque la han apoyado-- habían presentado enmiendas para que la comisión trabajara para proponer las líneas básicas de un nuevo modelo de gestión y para evaluar la gestión de estos centros desde una perspectiva comparada a nivel estatal, europeo e internacional, entre otras.

Desde JxCat, Josep Maria Forné ha apoyado la comisión pero ha lamentado que no se hayan aceptado las enmiendas, y ha dicho que una de las causas de la situación es la financiación de estos centros, que cree que deben incluir más atención sanitaria, y ha sugerido una equiparación progresiva de salarios con el ámbito sanitario y una "posible tarifa sanitaria" en residencias.

Marta Vilalta (ERC) ha replicado al PSC que votaron en contra de prorrogar el estado de alarma porque "se ha utilizado para recentralizar y militarizar", y ha destacado que fue un grave error que el Gobierno centralizara las compras de material sanitario, ante el que el Govern se saltó la prohibición para comprarlo directamente, en sus palabras.