El Parlament obliga al Govern a informar de los pagos al lobby del ‘Rusiagate’

No hay excusa para que la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, oculte información sobre los pagos efectuados al lobby SGR LLC Government Relations and Lobbying contratado para internacionalizar el procés. Así lo afirma el Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información del Parlament, que avala el derecho de amparo presentado por la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán.

La resistencia del consejero Ernest Maragall –que curiosamente es responsable del área de transparencia de la Generalitat-- a informar sobre ese asunto se remonta a febrero de 2018, cuando la diputada pidió información sobre el contrato de servicios suscrito en 2017 por la Generalitat con la empresa americana SGR LLC Government Relations and Lobbying, investigada por el Rusiagate --la supuesta trama rusa que permitió a Donald Trump ganar las elecciones en 2016--.

Parte de un documento del Parlament que obliga al Govern a informar de los pagos a lobbies diplomáticos / CG

Parte del documento del Parlament que obliga al Govern a informar de los pagos a lobbies diplomáticos

En concreto, Beltrán pidió una «relación exhaustiva de actividades, encuentros e informes reaiizados por el lobby SGR Government Relations Lobbying en ejecución del contrato que le unía con e! ex Govern de la Generalitat con medios de comunicación, cámaras de comercio, poderes legislativos y ejecutivos, con indicación del objeto de las mismas, gastos, personas participantes y responsables de la Administración de la Generalitat de Cataluña de las mismas».

Contrato adjudicado a dedo

El contrato se adjudicó a dedo, es decir, que no fue sometido a concurso público y contemplaba el pago de 60.000 euros al mes (49.800 dólares) por servicios de asesoramiento en materia de relaciones entre el Gobierno catalán y Estados Unidos.

Cs pidió un informe jurídico sobre esa adjudicación, pero no fue hasta el mes de junio cuando el consejero Maragall se limitó a responder que no existen informes escritos y entregó a la diputada una fotocopia del registro de lobbies americano. Un gesto interpretado como una "tomadura de pelo" por parte de Beltrán.

Siete meses después, y tras varias peticiones de amparo a la Mesa del Parlament por la insistencia de la consejería en ocultar esos datos, el Órgano de Garantía de Derecho de Acceso a la Información Pública ha dado la razón a la diputada y ordena al Govern que proporcione los datos solicitados.

El derecho de acceso de los diputados

En un documento de ocho páginas, del que Crónica Global dispone, este órgano afirma que el derecho de acceso a la información de los diputados constituye “elemento esencial de su derecho de participación política” por lo que “la necesidad de interpretar, con carácter generado, el derecho de información en sentido amplio, confluyen en este caso a favor de una interpretación especialmente reforzada del derecho de acceso de los diputados”. Un derecho, insiste, que se proyecta “sobre documentos propiamente dichos (sea cual sea su formato o soporte) y también sobre cualquier otro dato o contenido que esté a la disposición de la Administración por por ser ella la que los ha elaborado u obran en su poder, como consecuencia del ejercicio de sus funciones”.

“Todo ello –añade--, sin que pueda ser causa válida de denegación que la Administración tenga que realizar una tarea de elaboración de la respuesta cuando ésta sea necesaria para darle cumplimiento”.

"La solicitud no ha sido atendida"

Asimismo, “cualquier denegación o entrega parcial de información basado en una eventual complejidad en la elaboración de la respuesta debe tener en sede parlamentaria carácter excepcional y ser debidamente alegado y justificado en cada caso concreto”.

Respecto a la información concreta sobre el SGR LLC Government Relations and Lobbying, el citado Órgano de Garantía constata “que la solicitud de acceso a la información no ha sido atendida en los términos que correspondería” y que la petición de amparo presentada ante la Mesa “está en este caso fundamentada”.

En consecuencia, el Departamento de Acción Exterior debe adoptar “las medidas que sean necesarias para que la diputada que solicita amparo pueda acceder a dicha información”.

Opacidad

La resistencia de la Consejería de Acción Exterior a informar sobre los contratos de la diplomacia catalana se remontan a la gestión de su extitular, Raül Romeva, quien reiteradamente se negó a explicar la relación del Govern con Independent Diplomat, empresa contratada para proyectar el procés internacionalmente.

Contrato del Govern con Independent Diplomat / CG

El contrato con Independent Diplomat con el Govern

Entre 2013 y 2015, la Generalitat pagó un total de 1,6 millones de euros a esta empresa, de los que 1,5 millones fueron abonados por Diplocat. Este organismo fue suprimido tras la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución, pero entre las primeras medidas adoptadas por el presidente Quim Torra figuró su restitución. Asimismo, Independent Diplomat cobró otros 100.000 euros a través de la “embajada” catalana en Estados Unidos. Los contratos existen –este diario ha tenido acceso a ellos-- pero la Generalitat sostiene que no tiene contratados servicios con este lobby diplomático.