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El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, en el Parlamento catalán / CG

El Parlament da luz verde al fondo de rescate independentista del ICF

Giró ha defendido el proyecto de ley, que continuará su tramitación en la Cámara y que es investigado por la Fiscalía, como respuesta a la "persecución de los servidores públicos"

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El Parlament ha dado luz verde a tramitar la creación de un fondo para avalar económicamente a los dirigentes investigados por el procés. Esta especie de rescate independentista fue aprobado por un Institut Català de Finances completamente dividido.

El Pleno de la cámara catalana ha debatido hoy el Proyecto de ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, que continuará la tramitación parlamentaria, ya que la cámara ha rechazado la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Ciudadanos, que ha obtenido seis votos a favor (Cs), 125 en contra (PSC-Units, ERC, Junts per Catalunya, CUP y En Comú Podem) y tres abstenciones (PPC).

Diez millones de euros

El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha presentado el proyecto, que entró en el Parlament como decreto ley y que la cámara, una vez validado y a petición de los grupos, acordó, el 28 de julio, tramitarlo como proyecto de ley. Giró ha recordado que entonces el texto ya fue avalado por el Consejo de Garantías Estatutarias, y ha explicado que "es sólo una respuesta jurídica y política para restablecer la presunción de inocencia al conjunto de cargos y servidores públicos de la Generalitat ante su persecución" mediante un fondo que da cobertura a las reclamaciones judiciales o administrativas que se realicen a trabajadores públicos mientras no haya sentencia judicial firme". El fondo tiene una aportación inicial de 10 millones de euros.

El pasado martes, el Govern designó a cinco nuevos miembros de la Junta del ICF tres meses después del cisma registrado en este organismo, dependiente de la Consejería de Economía, a raíz de los avales económicos concedidos a 34 dirigentes investigados por el Tribunal de Cuentas. Fiscalía ha abierto una investigación sobre ese fondo. El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) consideró que el decreto que amparaba la concesión de los avales era constitucional, mientras que el Gobierno no presentó ningún recurso a los tribunales.