Aragonès presiona a los juristas de la Generalitat para que validen el decreto del ICF

El dictamen que ultima el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat sobre el decreto ley del Govern con el mecanismo que debería permitir al ICF ‘salvar’a los afectados por el Tribunal de Cuentas preocupa sobremanera al Govern que preside Pere Aragonès. Los nervios se han incrementado después de la dimisión de hasta tres miembros de la junta de gobierno del ICF.

Esa decisión de los juristas de la Generalitat es clave y por ello el presidente Aragonès ha inyectado presión, pensando también el propio Tribunal de Cuentas: “Estamos convencidos de que no hay ningún motivo por el que Tribunal de Cuentas tenga que rechazar los instrumentos de aval presentados, ni tampoco ningún motivo para que no sea validado el decreto ley por parte del Consejo de Garantías Estatutarias”.

¿Dimisiones? Aragonès quita hierro al problema

La idea de que ese mecanismo, a partir de un fondo de diez millones de euros, y con la necesidad ahora de avalar los 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas porque no se ha prestado a hacerlo ninguna entidad financiera, es “impecable” se repite de forma constante. Es el concepto que utiliza el consejero de Economía, Jaume Giró. Pero no lo ha sido para los tres miembros de la junta de gobierno del ICF, que presentaron su dimisión este pasado lunes, antes de la votación que se produjo el miércoles, con el voto de calidad del presidente de la junta, el republicano Albert Castellanos.

Víctor Guardiola, consejero delegado del ICF (izq) y Albert Castellanos, presidente de la Junta de Govern y de la Comsión Ejecutiva del ICF (d) / CG

Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger presentaron su dimisión del cargo antes de que este organismo aprobara activar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat. Pero eso, sobre el papel, no debería cambiar lo planificado. Así se ha expresado Aragonès, en un acto en Terrassa, al limitarse a agradecer los servicios prestados a los dimisionarios. Ninguna autocrítica. “Queremos agradecer a todo el mundo la tarea que llevan a cabo en los organismos públicos. También vale para las personas que han llevado a cabo una tarea muy importante en los últimos años en el ICF. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento por su compromiso”, ha sentenciado Aragonès, sin darle mayor trascendencia.

Parar el golpe

Otra cosa es el juego de poderes interno en el Govern, con la percepción de que todo se puede complicar si el Tribunal de Cuentas no admite el mecanismo de avales que ha puesto en marcha el ICF. La decisión la tomará este lunes, y en ella será importante la valoración que se haga sobre esas tres dimisiones.

Justo después, esta misma semana, el Consejo de Garantías Estatutarias se pronunciará. El PSC, en boca del jefe de la oposición, Salvador Illa, espera ese dictamen para actuar, pero ya ha manifestado su convencimiento de que se ajusta a la ley. Sin embargo, el propio Ejecutivo español podría presentar un recurso si los juristas de la Generalitat muestran la mínima reserva sobre el decreto.

Aragonès mantiene el rumbo, sin aspavientos, con la idea de que todo debe seguir según lo previsto y que el Tribunal de Cuentas admitirá esos avales, con lo que se “pararía” el golpe, según el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell, y los 34 altos cargos de la Generalitat no verían sus bienes embargados. La resolución final del Tribunal de Cuentas podría tardar varios años.