La oscura división de asuntos internos que investigará a los Mossos

“Es el precio que tiene que pagar Buch para mantenerse en el cargo”. Fuentes cercanas a los Mossos d’Esquadra describen así la “investigación más grande que se ha hecho nunca” anunciada por la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, referente a las cargas policiales contra el activismo independentista. Una investigación que asumirá una División de Asuntos Internos (DAI) que arrastra un largo historial de enfrentamientos con los agentes. Al frente de la misma está Jaume García Valls, a quien el consejero de Interior ascendió recientemente a comisario y que depende de un hombre de la máxima confianza de Miquel Buch, el nuevo director general Pere Ferrer. ¿Una auditoría a la medida de las necesidades del consejero?

Meritxell Budó habla sobre las cargas policiales en los disturbios tras la sentencia condenatoria / EUROPA PRESS

Buch gana tiempo

Con esta investigación, instada por el presidente Quim Torra, el Govern sucumbe a las exigencias de la CUP, que ha pedido la cabeza del consejero de Interior. Gracias a las 15 actuaciones abiertas, que pueden acabar en expediente, sanción o información reservada, Buch gana tiempo, sabedor, por otro lado, de que el Govern no se puede permitir una crisis de gobierno cuando el independentismo radical sigue actuando. Pero tanto la CUP como Catalunya en Comú-Podem aprietan. Los antisistema han presentado una moción, tramitada ayer por la Mesa del Parlament, en la que proponen que la Cámara catalana apruebe la dimisión del consejero. Los comunes han cursado una iniciativa similar, aunque instan a su reprobación como paso previo a que el Govern cese a Buch.

Agentes de los Mossos ante independentistas frente a la Delegación del Gobierno. Asociaciones / EUROPA PRESS

El consejero ha puesto en manos de la DAI el análisis de la actuación policial en las manifestaciones posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O, con la vista puesta en Xavi Pastor, el jefe de la Brigada Móvil (Brimo), los antidisturbios. Tal como explicó este medio, ya en septiembre pasado, Torra pidió la marcha de Pastor después de que la prensa se hiciera eco del posible uso de gas pimienta en el operativo organizado para garantizar la seguridad tras la sentencia.

Ascendido a comisario

Pastor accedió al cargo en enero en el marco de una renovación total de los altos mandos policiales que finalizaría en junio con el nombramiento de Eduard Sallent como jefe de los Mossos. Los mandos amenazaron con un motín si el jefe de la Brimo era cesado, por lo que la crisis se cerró en falso con el despido de la directora de comunicación de Interior, Joana Vallès.

El jefe de los Mossos Eduard Sallent, el director de la Policía Autonómica, Pere Ferrer; el consejero de Interior, Miquel Buch, y el secretario general de Interior, Brauli Duart (de izquierda a derecha) / EUROPA PRESS duart

El jefe de la DAI, Jaume García-Valls, de 61 años y diplomado en trabajo social, es uno de los ocho mandos ascendidos a comisario el pasado mes de abril mediante un sistema de libre designación pilotado por el entonces director general de la policía autonómica, Andreu Joan Martínez. La mayoría de los elegidos tenían un perfil independentista.

Martínez dimitió el mes pasado tras perder la confianza de Torra. Con ese cese, culminaba un proceso que comenzó en junio, con el relevo del jefe de los Mossos d’Esquadra y que puso la gestión de este cuerpo policial en manos de Pere Ferrer, un hombre de la máxima confianza de Buch. El responsable de la DAI depende orgánicamente de Ferrer, y no del cuerpo de Mossos, para garantizar la pulcritud y la neutralidad. “Es un puesto ingrato, pero García Valls es un profesional serio”, explican fuentes policiales.

Petición de dimisión

Pero los sindicatos no lo ven así. El sindicato Uspac pidió la dimisión de García Valls por su “arbitrariedad” en la “instrucción de los procedimentos sancionadores, convirtiéndose en una Inquisición hacia los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra”.

Uno de los episodios más controvertidos se produjo en el verano de 2018, cuando miembros de la ARRO --Áreas Regionales de Recursos Operativos que, junto a la Brimo son ahora objeto de investigación por las cargas contra los radicales secesionistas-- protagonizaron una persecución por la autopista AP-7 para detener a un vehículo que se había escapado de un control policial. Finalmente, lograron pararlo y se incautaron de 700 kilos de hachís. A juicio de los Mossos, fue una actuación exitosa, pero el jefe de la DAI llamó a los agentes para anunciarles que había abierto una información reservada a instancias del director general. Uspac acusó a García Valls de “abuso de poder”, de utilizar a los agentes como mensajeros para sus gestiones y de citar a mossos que estaban de baja.

Revés judicial

El enfrentamiento entre García Valls y los sindicatos se sustanció en varias ocasiones ante la Justicia, que llegó a reprochar al mando policial la utilización del artículo 69 de la Ley de Policía como un “cajón de sastre” para sancionar a los agentes”.

Asimismo, el supuesto doble rasero que utiliza el departamento de asuntos internos en sus expedientes ha sido denunciado en diversas ocasiones por los mossos constitucionalistas, quienes incluso han presentado una queja ante el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Mientras agentes que insultan en las redes a políticos, jueces y asociaciones contrarios al procés no son objeto de intervención, otros mossos, como el que pronunció la famosa frase “la república no existe, idiota”, fueron expedientados. Más recientemente, el juez archivó la sanción que la Dirección General de la Policía impuso a la cabo Inma Alcolea después de 33 meses de vía crucis administrativo y judicial, y aseguró que las opiniones de la agente sobre la deriva independentista de los mandos del cuerpo suponen “una crítica legítima”.