La oposición pone a prueba a Ridao como letrado mayor del Parlament

El impresionante currículo jurídico de Joan Ridao (Barcelona, 1967) no ha evitado que los grupos de la oposición cuestionen su nombramiento como letrado mayor del Parlament.

Ridao fue designado ayer letrado mayor con los votos de los representantes de Junts per Catalunya y ERC en la Mesa del Parlament (cuatro), el voto en contra de Ciudadanos (dos) y la abstención del PSC.

La oposición, reticente

La oposición coincide en reconocer las amplias cualidades como jurista de Ridao, que fue miembro del Consejo de Garantías Estatutarias y ha publicado abundante material jurídico. Sin embargo, no ven claro que un exdirigente de ERC esté al frente de los letrados del Parlament cuando se mantiene la tensión y el enfrentamiento por el procés.

Ridao fue secretario general de ERC, diputado en el Congreso y en la Cámara catalana, donde ejerció como ponente del Estatut de 2006. Sustituye a Antoni Bayona, quien abandona harto del desprecio que, a lo largo del procés, han demostrado las fuerzas independentistas hacia los dictámenes de los letrados. En repetidas ocasiones, los juristas han advertido de las consecuencias e ilegalidades de las iniciativas rupturistas. Pero ha sido en vano.

"No es la decisión más acertada"

Para el diputado del PSC-Units Ferran Pedret, “la polémica no viene por sus mértidos académicos, sino por haber tenido responsabilidades políticas en ERC. No es la decisión más acertada en estos momentos de tensión”.

El portavoz parlamentario del PP, Santi Rodríguez, “atendida la presión a la que están sometidos los letrados, no parece recomendable que un presidente del Parlament, que es de ERC, proponga como letrado mayor a quien ha sido diputado y secretario general de ERC".

El informe sobre la resolución de Llarena

A juicio del portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, la elección de Ridao es un gran error porque atenta contra la neutralidad de los letrados parlamentarios. Y ha recordado unas manifestaciones del jurista, en las que insinuaba que el juez el Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, habría cometido prevaricación por acusar a los políticos independentistas de rebelión.

Se da la circunstancia de que la Mesa de encargar a los letrados un informe jurídico sobre las consecuencias de la resolución de Llarena en la que confirma la suspensión de los diputados procesados. No les obliga a renunciar al acta, pero sí votar. La CUP ya ha instado a JxCat y ERC a desobedecer al juez, mientras que el presidente catalán Quim Torra, aseguró que no pedirá el acta a los seis diputados suspendidos de cargo público, tras calificar la orden de Llarena de “ataque directo a la soberanía del Parlament".

Fuentes parlamentarias precisan que no está claro que sea el propio Ridao quien elabore el informe, pues es el secretario de la Cámara catalana, Xavier Muro, quien decide al letrado ponente.