Los CDR, bajo investigación de Fiscalía, cortan la Diagonal y un tramo de la AP-7 para protestar contra los encarcelamientos
La Fiscalía investiga a los CDR bajo el delito de rebelión
El ministerio público cree que las actuaciones de los grupos callejeros pueden poner en peligro “el orden constitucional”
2 abril, 2018 20:25La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y ha dado a conocer que ha iniciado “investigaciones penales de todo tipo” dirigidas hacia los comités de defensa de la República, los CDR, que han protagonizado en los últimos días diversas acciones, como el corte de carreteras o amenazas y señalamientos, entre ellos al propio juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
En esas investigaciones no se descarta el delito de rebelión, el mismo por el que se acusa a los principales dirigentes independentistas.
Acciones "intolerables"
La Fiscalía del Estado considera que esas acciones “ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático”. Se considera que “pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público”. En cualquier caso, se trata de una primera comunicación, porque todavía no se concreta el número de diligencias de investigación abiertas ni por qué actividades concretas de dichos comités.
La iniciativa de la Fiscalía, pese a todo, muestra que se quiere llegar hasta el fondo. Entiende que esas acciones son “intolerables” y que no se pueden considerar acciones individuales.
Subversión
“No pude obviarse el hecho de que con su actuar lo que se pretende es la subversión del orden constitucional, amparando y ensalzando con violencia a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un estado social y democrático de derecho como es la rebelión”, se señala.
En un comunicado emitido este lunes, la Fiscalía anuncia que ante estas “intolerables acciones” ha “impulsado” investigaciones penales y “lo seguirá haciendo” si se siguen produciendo. Las actuaciones, señala el ministerio público, van “más allá de las meras y concretas acciones individuales”, pues, sostiene, “no puede obviarse el hecho de que con su actuar lo que se pretende es la subversión del orden constitucional, amparando y ensalzando con violencia a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la rebelión”.
