Justicia ratifica el tercer grado para los nueve presos del 'procés'

Ya es oficial. El Departamento de Justicia ha dado el visto bueno al tercer grado penitenciario solicitado por las juntas de tratamiento para los nueve condenados del procés.

El pasado 2 de julio, las juntas de las cárceles de Lledoners y Wad-ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) elevaron su petición ante la consejería dirigida por Ester Capella. Se esperaba que la Generalitat validase la propuesta, puesto que así ocurrió anteriormente con la flexibilidad de los permisos penitenciarios concedidos en virtud del artículo 100.2.

La fiscalía puede recurrir

La única vía para impedir que los líderes independentistas accedan a la semilibertad está en manos del ministerio público. Un recurso de la fiscalía ante el Tribunal Supremo paralizaría la concesión del nuevo grado penitenciario hasta que el tribunal emitiera una resolución sobre la medida.

Con este nuevo grado, el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, podrán salir de la cárcel a diario --adonde solo tendrán que acudir para dormir-- y estar en casa el fin de semana.

Sin fecha de salida

Las juntas de tratamiento establecerán las fechas de aplicación del tercer grado, los horarios concretos y, si es necesario, los cambios en las actividades de los nueve internos fuera del centro penitenciario.

Estas juntas están compuestas por más de diez profesionales, entre ellos juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros.

"Favorecer la rehabilitación"

La consejería destaca en un comunicado que todas las resoluciones son resultado de un análisis individualizado de cada uno de los presos. Sin embargo, el Servicio de Clasificación coincide en que todos han tenido "máxima colaboración" con el resto de presos y los profesionales, y que no ha habido incumplimientos judiciales ni expedientes disciplinarios.

El organismo también ha tenido en cuenta que todos los internos disponen de una "red social y familiar favorable para la rehabilitación". Además, la propuesta pretende "favorecer y consolidar" su itinerario de reinserción sociolaboral en el ámbito privado, dando continuidad a sus programas de tratamiento con un régimen de mayor autonomía.