La Guardia Civil registra la empresa pública del Canal Olímpic por desvío de fondos

La Guardia Civil ha realizado un nuevo registro en una empresa de la Generalitat en relación a presuntos delitos económicos desde la Administración. Se trata de Equacat, gestora del Canal Olímpic, con sede en Castelldefels (Barcelona), que podría haber recibido fondos públicos de forma fraudulenta desde el Consell Català de l'Esport, según la investigación judicial que ha activado la operación policial.

La actuación policial parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, del que es titular Joaquín Aguirre y que investiga la trama de presunta corrupción a entidades de la órbita de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). No es corta la lista de presuntos delitos que se enmarcan en esta causa: fraude en la adjudicación de subvenciones desde organismos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales.

Búsqueda de pruebas

El registro de la Guardia Civil a Equacat tiene como objetivo la búsqueda de pruebas sobre presuntas subvenciones irregulares por parte de la Secretaria General de l’Esport --de la que depende el Consell Català de l'Esport-- y de la Diputación de Barcelona. Fuentes del instituto armado han comunicado a Crónica Global que no se tienen previstas detenciones, sino solo la recopilación de material y documentos.

Según ha adelantado El Periódico, existen indicios que apuntan a una duplicidad en la justificación de los fondos de la diputación y la partida presupuestaria de 500.000 euros aprobada por el Govern, destinada a la adecuación y rehabilitación del Canal Olímpic de Castelldefells. Esta sería la fórmula de enmascarar el destino de parte del montante, que podría haber sido utilizado con fines políticos relacionados con el procés independentista de Cataluña.  

Detenciones anteriores

Estas supuestas subvenciones opacas se enmarcan dentro de la investigación que derivó en la detención de director general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, y la exconcejala del PDECat en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la junta de gobierno de la diputación Maite Fandos. A finales de 2019 también se llevaron a cabo registros en instituciones públicas como en domicilios particulares en pos de recopilar pruebas sobre presuntas mordidas a través de ayudas públicas.

Entre las entidades beneficiarias de esas subvenciones se encontraría las fundaciones Catmon e Igman, que ya han sido señaladas en ocasiones anteriores dentro de las investigaciones contra la malversación de fondos públicos desde el entorno convergente.