El Govern decreta la semilibertad de los presos del 'procés' en menos de nueve meses

El Gobierno catalán ha decretado el tercer grado para los políticos y dirigentes independentistas presos por el procés en Cataluña. La Generalitat, que tiene las competencias en prisiones, ha anunciado hoy jueves, 2 de julio, que propone el régimen de semilibertad para los nueve reos menos de nueve meses después de que el Tribunal Supremo les condenara por sedición y malversación, entre otros cargos, por su participación en el desafío secesionista de 2017.

Lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Consejería de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, quien ha precisado que la propuesta de tercer grado para los nueve condenados la han tomado las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners y Wad-ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona), donde cumplen su pena Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Beneficios penitenciarios

Con esta decisión, que ahora validará el Servicio de Clasificación de la consejería --tiene dos meses para ello--, los presos del procés acceden a un amplio abanico de beneficios penitenciarios. La condición de semilibertad significa que los reos podrán salir diariamente de las cárceles en las que cumplen condena y tendrán que volver solo para dormir. Podrán pasar los fines de semana en casa y sus permisos se amplían de 36 días al año a 46. Los condenados podrán solicitarlos sin haber cumplido una cuarta parte de la condena.

La reclasificación de los presos independentistas llega antes de que las cárceles en las que cumplen condena venzan el plazo para examinar el segundo grado del que ya disfrutaban todos ellos. El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los expresidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, disfrutaban del segundo grado desde diciembre, cuando las juntas de tratamiento de las prisiones así lo decretaron. No obstante, disponían de la flexibilización prevista en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta prerrogativa les permitía salir al exterior a trabajar.

Fiscalía puede recurrir

La decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles donde cumplen condena no es final. La Fiscalía puede recurrir la decisión ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Si esta sala valida la reclasificación de los reos, podría haber otro recurso ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De hecho, el ministerio público ya trató de evitar las salidas de prisión de Carme Forcadell, expresidenta de la cámara autonómica, al considerar que los permisos de día para ir a cuidar a un familiar enfermo no encajaban con el artículo 100.2, que tildó de "excepcional".

Calderó ha justificado en rueda de prensa que la "prisión no es un espacio de castigo ni de venganza, es un espacio de rehabilitación". Según el alto cargo, la toma de posición de las juntas ha sido "unánime". Los efectos del tercer grado no serán inmediatos, sino que entrarán en vigor en las próximas semanas. De igual modo, Justicia podría reclasificar a los prisioneros en el sentido contrario, es decir, de vuelta al segundo grado. Ello es harto improbable, ya que la consejería que dirige Ester Capella (ERC) solo lo hace en el 5% de los casos.