Junqueras escenifica un relato político ante el Tribunal Supremo

“Estoy en un juicio político. Soy un representante electo y no contestaré a las preguntas de las acusaciones”. Así ha arrancado su declaración el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el primero de los procesados en comparecer en el juicio por los hechos que rodearon a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. En uno de los interrogatorios más esperados de la vista oral, el número dos de Carles Puigdemont, acusado de participar activamente en el diseño de la estrategia dirigida a instaurar la república catalana y de auspiciar las contrataciones necesarias para llevar a cabo la consulta, ha iniciado llevando a cabo una arenga más política que jurídica, mostrándose ante el tribunal como un preso político y expresando su confianza de que durante el desarrollo del juicio “no habrá ninguna duda” sobre su inocencia.

Tal ha sido el arrebato con el que ha llevado a cabo su comparecencia que ha llegado a justificarse: “si en algún momento pongo un poco de pasión es porque llevo un año y medio sin poder hablar”.

Junqueras se encuentra en prisión provisional, en concreto, desde hace un año y tres meses --ingresó en la cárcel de Estremera el 2 de noviembre de 2017-- y ha aprovechado su presencia ante los siete magistrados que enjuician los hechos para insistir, frente a las numerosas advertencias y requerimientos que a lo largo de estos años ha formulado el Tribunal Constitucional, en el derecho de autodeterminación de Cataluña como principio democrático y como posibilidad de que una comunidad autónoma pueda decidir sobre su futuro en base a las “numerosas ocasiones” en las que ha visto la luz, entre ellas en Quebec y Escocia.

Continuarán apelando a la autodeterminación

Y, en este contexto, ha aseverado que Cataluña continuará apelando a su autoderminación “independientemente del resultado del juicio” así como los inculpados apelarán a ella desde el banquillo. “Siempre desde el diálogo”, ha remarcado, recriminando haber encontrado “la silla de enfrente siempre vacía”.

El exmáximo dirigente de ERC no ha tardado en pisar el terreno del mitin y ha iniciado fuerte su proclama en defensa de la independencia de Cataluña --elogiando, entre medias, la trayectoria de la formación republicana de la que fue presidente: “88 años de vida y ni un solo caso de corrupción-- que ha copado prácticamente toda la primera parte de su intervención, no sin antes manifestar que es un ”placer” hablar en castellano en la vista oral: “me da la posibilidad de dirigirme al conjunto de la ciudadanía española tras un año y medio de silencio forzado”.

“Estamos a favor de la independencia de nuestro país, pero somos muchas otras cosas más que independentistas: somos demócratas, republicanos, estamos a favor de la justicia social y de la igualdad de oportunidades, y el mejor modo de encarnar estos valores es la instauración de una república”. En su alocución ante el tribunal, Junqueras ha aseverado incluso que “antes que demócratas somos buenas personas. Nuestra obligación es atender a las necesidades de cada ciudadano”.

“No somos enemigos de nadie”

Incluso, en un intento de granjearse el apoyo del conjunto de la ciudadanía, ha manifestado que “nos gustaría que no se nos tuviera como enemigos. No lo somos de nadie ni de nada”. Es más, ha afirmado que “en muchas ocasiones he dicho que amo a España. ¿Es eso incompatible con ser republicano catalán? Estoy convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia es en un reconocimiento entre iguales". Y ha añadido que, si en el futuro la población no desea adherirse al proyecto político independentista, “respetaremos si perdemos y, “pacífica, educada y simpáticamente construiremos un proyecto suficientemente bueno como para generar una mayoría democrática en su entorno”.

Ya en materia jurídica pero en todo momento hilvanando su discurso con la defensa política de el plan soberanista, se ha expresado en contra de las tesis de la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Vox, en relación a los episodios de enfrentamiento y violencia que habrían auspiciado los acusados para desarrollar su estrategia y en los que ambas acusaciones sustentan el delito de rebelión que atribuyen a varios de los procesados. “Nunca, nunca, nunca hemos usado la violencia. Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre la hemos rechazado, así lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Cualquier objetivo noble puede resultar inmoral si los mecanismos que se usan para ello son indecentes y esto es válido en nuestro caso”.

Junqueras también ha tenido palabras para el Tribunal Constitucional, órgano al que ha acusado de dar un giro copernicano de su jurisprudencia y de actuar como un elemento censor de la actividad del Parlament catalán en relación con las resoluciones que éste adoptó de cara a allanar el camino hacia la celebración del referéndum del 1-O. “El TC puede decir que una decisión no es válida pero no negando el debate, cuya inviolabilidad está recogida desde hace siglos en numerosas democracias liberales. ¿Quién puede limitar el derecho de opinión? En todo caso las consecuencias jurídicas”.

Según el acusado, el Constitucional, ante la aprobación de acuerdos como la resolución de inicio del proceso de creación del Estado catalán (9 de noviembre de 2015), de una Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (20 de enero de 2016) o el registro de la Propuesta de Ley del referéndum de autodeterminación (31-7-2017), que propiciaron la interposición de varias querellas por parte de la Fiscalía, declaró la invalidez de estas decisiones “ante la evidencia de que el independentismo se convertía en una propuesta mayoritaria y empezaba a tratarse como algo que debía ser prohibido a toda costa al contar con elementos que podían poner en tela de juicio el statu quo del régimen del 78”.

“El referéndum no costó ni un euro a los contribuyentes”

En una segunda parte enfocada principalmente en los elementos jurídicos, ha negado que se destinaran fondos a la organización del referéndum, uno de los aspectos que centra parte de los escritos de calificación de las acusaciones. "Los recursos estaban controlados semanalmente". “El referéndum no costó ni un euro a los contribuyentes”, ha recalcado rebatiendo la tesis de los fiscales, que sostienen que desde la Generalitat fueron financiados, con el gasto de más de 250.000 euros, los preparativos de la consulta.

En cuanto a las acusaciones de violencia, ha recordado que el día del referéndum los ciudadanos “hacían cola con total normalidad” y ha defendido que, desde la Generalitat, nunca avalaron un comportamiento “que no fuera pacífico”.

En su escrito, sin embargo, la Fiscalía postula que Junqueras, junto a otros acusados, llamaron a la ciudadanía, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, a participar en la jornada del referéndum, “siendo conscientes de la ilegalidad delacto y de que con ello se podían producir explosiones violentas”. “Con ello fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales por la vía de enfrentar a la población con las fuerzas y cuerpos de seguridad”, afirma el Ministerio Público.

Se enfrenta a la mayor petición de condena

Junqueras es, concretamente, el procesado que se enfrenta a las mayores peticiones de condena: el Ministerio Público reclama para él 25 años de privación de libertad y 25 de inhabilitación por presuntos delitos de rebelión agravada con malversación; la Abogacía del Estado, 12 (sedición y malversación) y la acusación popular eleva su solicitud hasta los 74 (rebelión, organización criminal y malversación).

Pese a ello, no ha querido responder ni a la Fiscalía ni a la acusación popular para dar coherencia a su discurso de ser "un preso político".