Ayer el catedrático de historia contemporánea de la UAB Pere Ysàs publicó en "cartas al director" del diario El País un texto que llamó la atención en redes sociales al tratarse, en palabras del filósofo Manuel Toscano, "de un impecable ejercicio de inversión" justamente el día en que arrancaba el juicio a los líderes de la intentona separatista en Cataluña. Ahora que vamos de camino hacia unas elecciones generales, Ysàs plantea tres pertinentes preguntas a los dirigentes independentistas: "¿Considerarían legítimo que una futura mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados, argumentando disponer de un mandato democrático porque figuraba en sus programas electorales, decidiera que la Administración central recuperara unilateralmente competencias transferidas a las comunidades autónomas, vulnerando lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía? ¿Considerarían un ataque a la democracia y a los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional anulara tal legislación? Y si, pese a ello, se intentara imponer transgrediendo la legalidad y desobedeciendo a los tribunales, ¿considerarían que no existirían responsabilidades de quienes así obraran?". Estas preguntas reflejan, de forma invertida, la actuación de los independentistas en 2017.

Vox en su programa propone la transformación de España en un Estado unitario sin comunidades autónomas, con un solo gobierno y un único parlamento. Y como paso previo, propone la "devolución inmediata" a la Administración General del Estado de todas las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia, así como la supresión de las policías autonómicas. Es cierto que no aclara cómo lo haría, pero la hipótesis con la que Ysàs busca que los independentistas se miren en el espejo no es descabellada en un momento en que Vox emerge con fuerza en las encuestas tras su éxito en Andalucía. Algo parecido también se hubiera podido plantear, aunque en un sentido diferente, cuando Podemos en 2015 aparecía en los sondeos no solo por delante del PSOE sino incluso como primera fuerza en intención de voto. Entonces Pablo Iglesias hablaba de iniciar un "proceso constituyente" para "cambiarlo todo", sin especificar si respetaría los procedimientos que la Constitución establece para una reforma agravada, o si lo haría a las bravas atendiendo solo a un supuesto "mandato popular" a partir de una mayoría absoluta en el Congreso.

Ahora que vamos hacia unas nuevas elecciones generales, tal vez de forma inminente, en medio de bastante incertidumbre sobre posibles mayorías, no es absurdo plantearse la hipótesis de qué ocurriría si una fuerza nacionalista de derecha radical como Vox entrara a complementar un alianza gubernamental con PP y Cs. Pues bien, aunque dichos partidos accedieran a sus demandas, la recentralización competencial exigida por Santiago Abascal no podría llevarse a cabo porque implicaría vulnerar lo que está establecido en los estatutos de autonomía. Y es evidente que el Constitucional no lo permitiría. Pero incluso si dentro de un tiempo hubiera una mayoría de españoles partidarios de suprimir las autonomías de un plumazo y Vox pasara entonces a ser el principal partido político (imagínense una mayoría absoluta de ultraderecha con Abascal de presidente del Gobierno), tampoco podría transformar el Estado autonómico en centralista sin una reforma constitucional agravada que, según dispone el artículo 168, exige la aprobación por dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la ratificación del texto nuevamente por ambas cámaras y un referéndum.

Ayer el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, lanzó un ridículo alegato contra la justicia española afirmando que con este proceso se está persiguiendo la "disidencia política". Dijo frases chocantes en un juicio como que tampoco "los tertulianos de la tele ven el delito de rebelión" que se imputa a sus clientes y repitió el mantra de que "no hay ninguna ley internacional ni europea que impida la secesión". Pues bien, invirtiendo sus argumentos, tampoco es imposible que España vuelva en el futuro a la centralización y quien quiera está en su derecho de proponerlo. Pero si un día los de Abascal ganasen las elecciones e intentasen ejecutar sus ideas saltándose la Constitución, derogando la autonomía de las nacionalidades y regiones que recoge el artículo 2 y desobedeciendo a los tribunales tendrían que enfrentarse a la Justicia. No por sus ideas, sino por los actos ilegales que hubieran cometido. De eso va este juicio, les guste o no a los separatistas.