El juez investiga al jefe de la oficina de Puigdemont para ver si se enriqueció de forma ilícita

El juez Joaquín Aguirre solicita en un auto a la Guardia Civil que investigue el patrimonio de Josep Lluís Alay --jefe de la Oficina del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont-- para averiguar "si se enriqueció ilícitamente" cuando ocupó el cargo de comisionado de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona (DIBA).

El juez reclama esta medida al observar que "al parecer" sí se enriqueció "de forma muy notoria" su antecesor en el cargo, Jordi Castells Massana --que en la actualidad es subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat--, y para intentar saber de este modo si también ocurrió lo mismo con Alay mediante "la aprobación y finalización de los expedientes que la Oficina de Cooperación al Desarrollo" que acabó bajo su mandato.

Viajes bajo sospecha

Aguirre, asimismo, también ha pedido a la Diputación que certifique los viajes de Alay que pagó la corporación mientras estuvo en el cargo, y que detalle quién autorizó el pago.

Las pesquisas se engloban en la pieza principal de la causa abierta por presunta malversación de fondos y financiación del procés secesionista de Cataluña.

Enriquecimiento de Castells

En el auto, el juez explica que el escrito de la Guardia Civil dio cuenta "de un posible enriquecimiento ilícito de Castells, injustificable por su sueldo y que podría tener su origen en pagos hechos por entidades subvencionadas por la DIBA". "En concreto, la Guardia Civil ha detectado un incremento dinerario de la cuenta corriente de Castells de 300.000 euros, achacables al periodo en que estuvo al frente de la Oficina de Cooperación Internacional, así como la compra de varios inmuebles, al contado e ingresos en efectivo en su cuenta bancaria por importes incompatibles con su sueldo".

A la vista de dicho atestado, posteriormente ampliado, el juez aprecia "indicios de criminalidad constatados respecto a Castells, por la comisión de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública". Razón por la cual reclama practicar entre las diligencias la investigación patrimonial de Alay como sucesor en el cargo, pues bajo su mandato "se finalizaron diversos expedientes que son motivo de instrucción". Alay trabajó en la Diputación de 2015 a 2018.

Alay, indignado: "La cloaca vuelve"

El jefe de Oficina de Puigdemont ha expresado su indignación por esta investigación publicando una parte del auto en sus redes sociales, y valorándolo con este comentario: "La cloaca vuelve. El juez Aguirre se despierta después de meses y desata de nuevo su persecución contra mí. Nunca he sido jefe de cooperación de nada. Estado podrido", señala en su perfil de Twitter.

Josep Lluís Alay, mostrando una parte del auto sobre su investigación / TWITTER

A pesar de percibir en la actualidad un salario de 108.760,28 euros públicos al año de la Generalitat como jefe de Oficina de Carles Puigdemont, Alay presenta una declaración patrimonial que sorprende por su austeridad.

Ninguna propiedad declarada

Así, en la declaración de actividades, bienes patrimoniales y intereses de los altos cargos de la Generalitat, actualizada a principios de este 2022, Alay declaraba poseer tan sólo 4.000 euros en "cuentas corrientes y otros depósitos bancarios" y un vehículo antiguo valorado en 2.327 euros: en concreto, un Mercedes B160 que adquirió en enero de 2010.

De este modo, el activo total declarado por Alay asciende a apenas 6.327 euros. O lo que es lo mismo, menos que cualquiera de sus nóminas mensuales, de más de 7.000 euros. En su declaración no consta ninguna propiedad: ni pisos, ni casas, ni garajes, ni nada más, a diferencia de la mayor parte de sus correligionarios. Y eso que, a parte, también trabaja como profesor en la Universidad de Barcelona (UB).