Oriol Altisench, decano del Colegio deI Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña / CG

Oriol Altisench, decano del Colegio deI Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña / CG

Política

Los ingenieros catalanes 'desconectan' del resto de España

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se 'independiza' y cierra su caja al organismo nacional de recaudación de visados

20 octubre, 2018 00:00

Su profesión es supervisar la construcción de puentes, pero en esta ocasión los han hecho saltar por los aires. Los ingenieros de caminos, canales y puertos de Cataluña han desconectado del resto de España. El organismo colegial autonómico se ha independizado unilateralmente y ha cerrado su caja de ingreso de visados de obras al ente nacional.

Según ha podido saber este medio, el Colegio catalán, que dirige Oriol Altisench, investigado internamente por el apoyo de la demarcación regional al referéndum ilegal de independencia en Cataluña del 1 de octubre de 2017 y el llamado paro de país secesionista del 3 de octubre del mismo año, no está cumpliendo el nuevo Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial aprobado por el Colegio nacional en junio de este año (leer aquí). Ello significa que Altisench y su junta se han declarado en franca rebelión y no remiten los ingresos por los visados de obras a la cuenta central de todos los colegios autonómicos, sino que se los quedan en una cuenta bancaria propia.

Toque de atención al colegio

Las fuentes consultadas por este medio han confirmado que esta semana Altisench y la cúpula colegial catalana recibieron un primer aviso en el marco de la comisión de secretarios del Colegio nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El director financiero del ente habría confirmado durante el encuentro que la demarcación catalana no solo incumple el Reglamento financiero, sino que, más grave, no está ingresando las liquidaciones por visados de obras en la cuenta nacional.

Oriol Altisench, decano del Colegio catalán de Ingenieros de Caminos con el exconsejero investigado Josep Rull / CG

Oriol Altisench, decano del Colegio catalán de Ingenieros de Caminos con el exconsejero investigado Josep Rull / CG

Oriol Altisench, decano del Colegio catalán de Ingenieros de Caminos con el exconsejero investigado Josep Rull / CG

Tampoco está el equipo de Altisench, uno de los cerebros que fichó Ada Colau para el proyecto de unión de los tranvías de Barcelona por la Diagonal, informando a la sede central de los movimientos bancarios. No ha apoderado tampoco la dirección catalana al presidente y vicepresidente del Colegio nacional para utilizar la cuenta bancaria regional, algo que establece la normativa económica aprobada en junio.

Según han informado las voces consultadas, el secretario de demarcación de Cataluña no supo dar una respuesta a la desconexión financiera del Colegio regional. Ello convenció al resto de asistentes de que la decisión se habría tomado por razones estrictamente políticas. De hecho y cuando el Colegio nacional aprobó el reglamento económico unificado, la junta catalana montó en cólera y se opuso a la misma.

Junta investigada por el 1-O

La confimación de que el Colegio autonómico de Ingenieros de Caminos ha desconectado su caja de la del resto de España no podía llegar en un peor momento para las relaciones intercolegiales entre los profesionales. La pasada semana y como avanzó este medio se conoció que Oriol Altisench, el secretario de demarcación y su junta se someterán a una investigación interna deontológica por los posicionamientos del organismo regional a favor del referéndum ilícito de secesión del 1-O en Cataluña y la pseudohuelga convocada por el independentismo dos días después.

El propio Altisench, un secesionista acérrimo, se juega la inhabilitación para ejercer cargos colegiales e incluso ser excluido del ejercicio de su profesión si las pesquisas determinan que hubo mala praxis al frente del organismo profesional. Una comisión deontológica dirigida por Arcadio Gutiérrez Zapico está ahora revisando los acuerdos y actuaciones de la junta tras un demoledor informe externo del bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo que avaló la apertura del expediente.

Si prospera algún tipo de sanción, supondría también un espaldarazo al grupo de colegiados de base que lleva tiempo tratando de lograr la despolitización del colegio, tal y como ocurre con otros colectivos en Cataluña, como los arquitectos o los médicos.