El independentismo asalta la cúpula de la justicia catalana

El independentismo acaba de poner una pica en la justicia catalana. La hasta ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Roser Bach, ha sido destinada a la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Su mandato en el CGPJ, que ocupa desde 2013, acaba el próximo 4 de diciembre, al igual que el de los otros 19 vocales.

Bach es la esposa del exconsejero de Justicia Germà Gordó, quien cayó en desgracia tras aparecer en la trama del 3%. Gordó, que llegó a sonar como sucesor de Artur Mas, fue etiquetado como “el conseguidor”, es decir, como el intermediario entre los empresarios que pagaban mordidas a cambio de obtener obra pública.

Bach, propuesta por el PSOE a petición de CiU, siempre estuvo considerada como un caballo de Troya del independentismo en el CGPJ. Se negó a firmar el documento de apoyo a los jueces catalanes en el que se denunciaba "el intolerable ataque a su independencia por parte de aquellos que han cuestionado su actuación en la querella por la consulta alternativa del 9N".

La justicia catalan, clave para el independentismo

Roser Bach tiene un amplísimo currículo judicial. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, accedió a la carrera judicial en 1989 y fue directora de la Escuela Judicial entre 2011 y 2013. Durante 20 años ha estado destinada en la Audiencia de Barcelona. A partir de ahora ocupará una plaza en un estamento judicial clave para los independentistas, quienes conciben el TSJC como el último tribunal de apelación de un futuro Estado catalán. Asimismo, los procesos contra los dirigentes secesionistas responsables del procés han demostrado la importancia que supone el control de la justicia catalana. De hecho, la ley de transitoriedad jurídica a la república catalana contemplaba el control absoluto de los jueces por parte del Govern.

Roser Bach --segunda por la izquierda--, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto a Artur Mas y Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJC (d) / CG

Roser Bach --segunda por la izquierda--, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto a Artur Mas

Su traslado al TSJC es contemplado con el mismo recelo que despertó entre determinados sectores de la judicatura catalana Núria Bassols, cuando se incorporó a la Sala Civil Penal del TSJC tras ser cesada como Comisionada de Transparencia de la Generalitat.

Poco después de ser investido presidente de la Generalitat en 2011, Artur Mas nombró a Bassols Comisionada de Transparencia. Su designación fue interpretada como un premio por haber archivado la causa contra el diputado de CiU Ferran Falcó, implicado en el caso Adigsa, cuando ejercía de magistrada del TSJC.

Exdirectoras de la Escuela Judicial, casadas con implicados en el 3%

Las circunstancias personales de esta magistrada son parecidas a las de Bach, pues también dirigió la Escuela Judicial y está casada con uno de los empresarios detenidos en la operación contra el 3%, Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglés (Girona). ERC pidió su cabeza tras el cambio de gobierno y regresó al TSJC. Sin embargo, el CGPJ ordenó en 2017, y a petición del alto tribunal catalán, su traslado al ámbito contencioso durante un año.

Núria Bassols, magistrada del TJSC, en una imagen de archivo / CG

Núria Bassols, magistrada del TJSC, en una imagen de archivo

La justicia catalana siempre se ha resistido a la penetración del independentismo. Se trata de un cuerpo nacional donde existe una gran movilidad debido a la falta de tradición opositora en Cataluña. De ahí que muchas plazas sean ocupadas por jueces procedentes del resto de España que, al poco tiempo, concursan para regresar a sus lugares de origen o a Madrid. Esa movilidad se traduce en un nivel bajo de utilización de la lengua catalana y en un terreno vedado al soberanismo, que aprovecha cualquier oportunidad para marcar perfil en este ámbito. Ayer, Montserrat Muñoz, directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat, se presentó con un lazo amarillo --símbolo de apoyo a los presos independentistas-- a una reunión por videoconferencia con miembros del CGPJ, quienes instaron a la representante catalana a quitarse ese símbolo. Muñoz se negó y el CGPJ cortó la conexión.

El último intento catalán de tomar posiciones en la justicia catalana fue abortado el pasado verano por el CGPJ y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando ambas instituciones desmantelaron el Equipo de Mejora Continua creado por la Consejería de Justicia. Entre sus funciones destacaba una inspección encubierta, pese a no tener competencias para ello, y el acceso a los sistemas de gestión procesal. Es decir, al banco de datos judicial. La cautela de los jueces estaba plenamente justificada tras las manifestaciones públicas del exsenador de ERC y magistrado Santi Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía datos de los catalanes obtenidos de forma ilegal.