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Sede de la ONU, cuyo informe educativo es muy crítico con el modelo de financiación pública de las escuelas privadas / CG

El otro informe de la ONU que Torra silencia

Escuelas contra la segregación exigen al Govern que acate las recomendaciones de Naciones Unidas, contraria a la financiación pública de escuelas privadas, en el nuevo decreto de conciertos educativos

18.07.2019 20:14 h.
5 min

El Govern ha utilizado todos los altavoces mediáticos a su alcance para divulgar el informe de un grupo de trabajo de la ONU en el que se cuestiona el encarcelamiento de los líderes independentistas. Pero pone sordina a un dictamen más reciente que cuestiona el modelo educativo catalán, pues rechaza con contundencia la financiación pública de escuelas privadas.

El colectivo Escoles contra la Segregació exige al consejero de Educación, Josep Bargalló (ERC), que incorpore estas reflexiones en su nuevo decreto de conciertos educativos. Para los republicanos, se trata de un asunto especialmente espinoso. Su líder, Oriol Junqueras, es un católico confeso que, en la anterior legislatura parlamentaria, votó en contra de retirar las subvenciones a los colegios de elite que segregan por sexo, mientras el resto de su grupo votaba a favor.

El riesgo de que aumente la marginación"

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el pasado 11 de julio una resolución sobre el derecho a la educación que alerta contra las alianzas público-privadas en este ámbito ya que, según la relatora especial Koumbou Boly Barry, “si no se controlan, pueden actuar en contra de la universalidad del derecho a la educación”, así como “aumentar la marginación y la exclusión en la esfera de la enseñanza y crear desigualdades en el seno de la sociedad”.

La resolución acepta como válidos los Principios d’Abidjan, que señala como práctica totalmente a evitar la financiación pública de instituciones educativas privadas. “El derecho a la educación no comporta ninguna obligación por parte del Estado de financiar instituciones educativas privadas. Los estados debe priorizar la financiación y la provisión de educación pública gratuita y de calidad”, indican estos principios invocados por la ONU. Asimismo, indica que “solo se pueden financiar escuelas privadas con fondos públicos si es por un tiempo limitado debido a causas de fuerza mayor”. La resolución de la ONU advierte de “los efectos adversos que tiene en los derechos humanos el aumento de las escuelas privadas, por ejemplo en relación con la segregación”.

"Un antes y un después"

Para el colectivo Escoles contra la Segregació, este informe de la ONU supone “un antes y un después contundente” y todos los puntos descritos “son perfectamente aplicables al sistema educativo catalán, con unas alianzas público-privadas permanentes en el tiempo en forma de conciertos educativos a concedidos a órdenes religiosas, sociedades mercantiles, fundaciones y cooperativas”.

Por ello, esta asociación solicita al departamento de Educación “que el nuevo decreto de conciertos educativos restrinja al máximo posible esta forma de impartir enseñanza en Cataluña”.

inversion educacion bofill
Informe de la Fundació Bofill sobre la inversión en educación / CG

A principios de julio, el Govern abrió un proceso de consulta previa a la elaboración de un proyecto de decreto relativo a los conciertos educativos, con el objetivo de actualizar la normativa vigente, el Decreto 56/1993.  Tras conocerse el informe de la ONU, esta asociación insta a que el nuevo decreto contemple un horizonte para reducir los conciertos educativos, y que la concesión de los actuales “vaya estrechamente ligado a la corresponsabilidad en la escolarización del conjunto del alumnado”.

Escoles contra la Segregació aprovecha para recordar el estudio de la Fundació Bofill, según el cual, Cataluña es el la región de la Unión Europea que menos porcentaje del PIB destina a la educación, un 2,9%. Según las recomendaciones de los organismos internacionales, la inversión en educación debería alcanzar el 20% del total del presupuesto gubernamental (entre un 4% y un 6% del PIB)

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