Las lagunas del informe de los relatores de la ONU sobre el ‘procés’

“Un cúmulo de errores fácticos y valorativos”. Así definen fuentes del Gobierno español el informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en base a la denuncia presentada por los presos independentistas Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. Un informe, no vinculante, que ha permitido a los secesionistas tapar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  (TEDH), que determina la ilegalidad del procés, y centrarse en el pronunciamiento de la ONU.

Este grupo de trabajo --que también cuestionó la condena al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en Reino Unido, y pidió una indemnización para cuatro miembros de un cártel de la droga mexicano detenidos-- se encarga de identificar y denunciar casos probados de detención arbitraria en el mundo. El pasado 27 de mayo, el Gobierno español recibió la comunicación del GTDA relativa a la denuncia presentada por Cuixart, Sànchez y Junqueras. En el mismo, se cuestiona el encarcelamiento de los dirigentes secesionistas, se insta a su puesta en libertad, al pago de una indemnización y a abrir una investigación al respecto.

"Juicios parciales"

A la espera de un pronunciamiento oficial, fuentes del Gobierno español consultadas por Crónica Global han extraído algunas conclusiones. Denuncian un cúmulo de errores fácticos y valorativos, así como distorsiones y juicios parciales sacados de contexto que atribuyen a “una campaña de desinformación e intoxicación”.   

Así, los redactores del informe “demuestran que ni siquiera saben de qué delitos están acusados en España” los promotores de la denuncian, pues “dan por buena la idea de que la acusación se debe a la convocatoria de una simple manifestación el día 21 de septiembre de 2017”

Asimismo, adolecen de desconocimiento de las leyes españolas, ya que afirman que un referéndum sobre la independencia sería legal. Tras cuestionar la legalidad de la jurisdicción competente, piden al ejecutivo que adopte medidas que solo corresponden al poder judicial “negando uno de los pilares del Estado de Derecho, la separación de poderes”.

"Juicio a personas por sus ideas, no por sus actos"

El informe, según estas fuentes, da a entender que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos “obviando que la práctica totalidad de las personas que en Cataluña piensan, en lo político, como los denunciantes, no están sometidos a la acción de la Justicia”. E incluso conceden una legitimidad desigual a los tribunales españoles y alemanes, en favor de los segundos, en referencia a la detención y posterior puesta en libertad de Carles Puigdemont, que permanece fugado en Waterloo.   

Para el Gobierno supone una falta de rigor que el GTDA haya decidido emitir su opinión mientras Cuixart, Sànchez y Junqueras son juzgados en Tribunal Supremo, lo que califica de “interferencia en un proceso penal en marcha”.

Revisar los mecanismos de control internos

Estas fuentes consideran que el GTDA ha puesto en tela de juicio la independencia, objetividad e imparcialidad del propio sistema internacional universal de protección de Derechos Humanos, por lo que instan a mejorar sus mecanismos de control internos “para evitar que sean utilizados con fines espurios”.

Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG

Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante / CG

Finalmente, el Ejecutivo invoca la citada sentencia favorable a España del TEDH, que constata “el buen funcionamiento del sistema judicial español, y las plenas garantías procesales de las que disfruta cualquier persona sometida a la justicia española”. 

Las subvenciones de Puigdemont a la ONU

La posición de la ONU sobre los presos independentistas se enmarca en las estrechas relaciones que mantiene el Govern con ese organismo internacional y que, tal como informó este medio, durante el gobierno de Carles Puigdemont se tradujo en acuerdos y subvenciones por parte de la Generalitat que en algunos casos superaban los 100.000 euros. Esos acuerdos fueron firmados en Ginebra, ciudad que forma parte de la red de 'embajadas' de la Generalitat.

El pasado mes de febrero, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, aseguraba en un informe que “la disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales”. Lo hizo tras una España que incluyó, entre otros, un encuentro con el consejero del consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.