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Manifestación de la Diada a la altura de la plaza Francesc Macià /CG

El independentismo, sin dirección, se radicaliza contra el Estado

La manifestación de la Diada evidencia un descenso en el apoyo al independentismo, que no llegó al millón de personas, pero con fuerza suficiente para mantener la tensión

12.09.2018 00:00 h.
9 min

Los movimientos políticos cuando pierden fuerza se concentran en sí mismos y se endurecen. Al independentismo le ha comenzado a suceder, y la manifestación de la Diada ha sido una evidencia. Sigue teniendo fuerza, pero no tiene dirección y no sigue ya una estrategia clara, aunque la idea es que no se puede repetir la vía unilateral.

Los independentistas no superaron este martes el millón de asistentes, según el cálculo de la Guardia Urbana, aunque los números que presentó la entidad Societat Civil Catalana eran inferiores, unos 200.000, con la misma metodología que le llevó a sumar 800.000 en 2013 o 530.000 personas en 2015. Con sus dirigentes principales en la cárcel, con una movilización que se pretendía masiva para pedir al Estado que les deje en libertad, la cifra está enquistada: el independentismo no avanza, aunque se desee atraer a los ciudadanos catalanes que, sin ser independentistas, no estén a favor de las decisiones que ha tomado la Justicia española.

Distintos mensajes

Las consignas eran contradictorias y los manifestantes se tapaban unos a otros: “independencia”, “libertad para los presos políticos”, todo al mismo tiempo, sin saber para qué debería servir ahora esa manifestación masiva, con una gran división interna en el seno de los partidos independentistas. Y con el Govern que preside Quim Torra con una disyuntiva: forzar un ‘momento’ de tensión y convocar elecciones, cuando se acerque el juicio o cuando se conozca la sentencia, o aproximar posiciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y tratar de reconducir el conflicto institucional y político.

Las entidades soberanistas, sin embargo, no están en esa línea. Reclaman más claridad. Y en ese intento, en esa petición, demuestran una gran dureza frente al Estado. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, aseguró que el juicio a los políticos presos debería convertirse en un "boomerang” contra el Estado. Todo el independentismo, señaló, debería convertir ese juicio en un “nuevo juicio de Burgos que avergüence al Estado”, en referencia al juicio sumarísimo a 16 miembros de ETA en los últimos años del franquismo.

Presión sobre los políticos

El discurso de Paluzie, que se ha convertido en el referente del independentismo “consecuente”, incidió, sin embargo, en una cuestión de manual al pedir a los dirigentes independentistas que traten a sus seguidores como “adultos”. Qué se quiere acometer, en qué momento y con qué apoyos. Pero para esas respuestas no están preparados ni el presidente Quim Torra, ni Carles Puigdemont desde Bruselas ni tampoco la nueva dirección de Esquerra Republicana, con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès a la cabeza y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Nadie da respuestas porque la confusión es total, y el Gobierno catalán sólo se acoge a la cuestión de los políticos presos. Por ello, fue un bálsamo para Torra, siendo consciente de que la movilización de esta Diada ha comenzado a desfallecer, las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borell, quien, “personalmente”, aseguró en la BBC que le gustaría que tanto Oriol Junqueras como el resto de dirigentes políticos presos quedaran en libertad condicional hasta el inicio del juicio. Una paradoja, porque Borrell es una de las dianas del independentismo, un político que ha sido detestado por el soberanismo.

Todo se reduce a los políticos presos y los “exiliados”, los dirigentes que permanecen fuera de España, como los exconsejeros Toni Comín o Clara Ponsatí. La primera exigencia de Torra es que se pueda resolver esa situación, que no está en manos del Gobierno español, como precisó Borrell al recordar al entrevistador de la BBC que en España “existe la división de poderes”. Pese a ello, el Govern confía en que la fiscal general del Estado, María José Segarra, se incline en el último momento, antes del juicio, por una calificación menor de los delitos que pesan sobre los dirigentes independentistas, como los de rebelión y sedición.

Sin rumbo

La movilización, ese millón de personas, según la Guardia Urbana, o los cientos de miles que calcula Societat Civil Catalana, pese a no desbordar las previsiones que se habían realizado, sí es suficiente para que el independentismo mantenga el pulso, y el Govern de Torra pueda pensar que en el momento idóneo podrá contar con el apoyo en las calles. Sin embargo, el problema ahora para el independentismo es que no tiene rumbo.

Uno de esos independentistas consecuentes, en la línea de Paluzie, es Jordi Graupera, que aspira a la alcaldía de Barcelona, y que trata de impulsar un proceso de primarias, y que se lamentaba, al finalizar la manifestación, de esa falta de dirección. “Esta es la primera manifestación desde 2012 que no tendrá ninguna traducción política. ¿Todo el esfuerzo se dedica a la escenografía? ¿Debemos poner nuestras emociones, nuestras celebraciones al servicio de algo vacío? Debemos reaccionar”, aseguraba.

Estado "represor"

Ese es el clima. Bellas imágenes, una nueva tarde de movilización, y ya es la séptima desde 2012, pero políticamente no hay avances. En el otro lado, sin embargo, ha habido un cambio de Gobierno, con Pedro Sánchez en la Moncloa, y con la voluntad de un acercamiento que no pasa, en cualquier caso, por un referéndum de autodeterminación, que es lo que reclama Torra, Puigdemont, Esquerra y las entidades soberanistas.

¿Quién debe tomar los primeros pasos? Con una movilización menor, el independentismo se ha ido cerrando en sí mismo, con palabras gruesas como las del presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera, que presenta al Estado como un mecanismo “represor”, que ha aplicado ese supuesto rodillo a “alcaldes, payasos, artistas, funcionarios, mecánicos, y muchas personas anónimas que sólo quieren decidir su futuro”.

A vueltas con Franco

A esa estrategia se ha añadido el equipo de abogados de los políticos presos y exiliados. El abogado británico Ben Emmerson, que lleva el caso de los políticos que están fuera de España ante Naciones Unidas, aseguró que “votar no es ningún delito” y reivindicó la posibilidad de organizar un referéndum “pactado y en paz y no con una brutalidad policial siguiendo los intereses franquistas y mirando de subyugar al pueblo catalán frente a la voluntad de Madrid”. Igualmente, Aamer Anwar, abogado de Clara Ponsatí, sentenció que Franco “estaría muy contento de la España contemporánea que actúa más como una dictadura fascista”.

Con menos efectivos que en otras ocasiones, sin dirección, con dudas internas, el independentismo mantiene el pulso, pero sin saber qué hacer con esa fuerza, que el Gobierno español es consciente de que tampoco puede desdeñar.

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