La Generalitat se asegura el control de las escuelas con el proceso de elección de la dirección

Las sentencias judiciales que reconocen el derecho de los padres a pedir un 25% de enseñanza en castellano, así como el rechazo de la Generalitat a ejecutarlas, han puesto el foco mediático y político en los directores de las escuelas. En contra de la autonomía de centros que, repetidamente, invoca la Consejería de Educación, los sucesivos gobiernos catalanes han estrechado el control de esos profesionales a nivel normativo. Hasta el punto de que, a día de hoy, según fuentes sindicales, la mitad de los directores de escuelas son elegidos mediante un sistema de designación dominado por el Govern.

La profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores, Isabel Fernández Alonso, explica que en el sistema de designación de los directores participan personas nombradas directamente por la Generalitat desde 2010. Ese control se intensificó en 2015 cuando “en el momento álgido del procés se reformó el Decreto 155/2010 de 2 de noviembre”.

El decreto aprobado por Artur Mas

En efecto, el decreto sobre la dirección de centros educativos públicos y sobre el personal directivo profesional docente aprobado por el gobierno de Artur Mas [se puede leer en este enlace] estableció, en su artículo 16, que la comisión de selección de los directores estaría conformada por cinco representantes de la Administración, un miembro del consejo escolar que no sea profesor y tres profesores del centro elegidos por el claustro.

”Se modifica la proporción de las comisiones de selección, constituidas, por un lado, por representantes de las administraciones educativas, y por otro, en una proporción superior al treinta e inferior al cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento deben ser del claustro del profesorado del centro mencionado”, indica la norma.

Respuesta de directores de escuelas a AEB

La autoridad que ejerce la Generalitat sobre el profesorado es más intensa que en otras comunidades autónomas. “Aquí los directores escolares los decide la Administración. Hablan de autonomía escolar, pero es vacuidad. El control político nacionalista rige las escuelas”, afirma el inspector Jesús Rul, quien advierte de que la comprometida situación de esos directores, pues el rechazo del Govern a aplicar las sentencias lingüísticas “les coloca en una situación difícil. Los directores pueden ser denunciados si no ejecutan las sentencias”.

De hecho, tal como ha afirmado en varias ocasiones la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, “las sentencias se están aplicando. En El Prat de Llobregat y en Sant Esteve de Sesrovires, por ejemplo, aunque a diferencia de lo que ha pasado en Canet de Mar --el Defensor del Pueblo investiga si un niño de cinco años ha sido protegido del acoso independentista-- se ha hecho con discreción y sin ruido mediático”. No obstante, recientemente se ha podido comprobar el activismo de algunos cargos directivos, con manifestaciones ofensivas hacia las familias que piden flexibilizar la inmersión.

Las advertencias de CCOO

La pugna por el control de los directores de centro encendió las alarmas de los representantes sindicales se remonta a la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Fuentes de CCOO recuerdan a Crónica Global cómo avisaron de que el sistema de elección de los directores podía suponer un gran problema. La exconsejera de Educación, Irene Rigau –la misma que hace unos días advertía de que las sentencias que ordenan impartir al menos un 25% de las clases en castellano se tienen que "asumir" y "hacer una regulación"-- entendió esos avisos y planteó reformas legales con la finalidad de ampliar las formas de selección de los directores a través de una disposición adicional en la LEC. “Pero ERC siempre las vetó en el Parlament”, aseguran fuentes sindicales.

Actualmente, el 50% de los responsables de las escuelas catalanas han sido elegidos en base a esas normas que blindan el control del Govern y que contradice la autonomía de centro invocada repetidamente por los responsables educativos.

Y es que, a la hora de aplicar las sentencias que obligan a impartir un 25% de horario lectivo en castellano, la Consejería de Educación ha instado a los directores de las escuelas a desobedecer y blindar la inmersión. Aunque después sea la propia Generalitat la que curse la ejecución de las resoluciones judiciales, como señala Losada.

La falsa autonomía de centros

“Es el centro docente el que, en su proyecto lingüístico, debe determinar el uso de las lenguas a lo largo de la enseñanza", explica el abogado de la Generalitat en su rechazo a elevar el castellano en la escuela Puig de les Cadiretes (Llagostera). Y añade: "Una subrogación en las facultades organizativas de los centros, en concreto en la de decidir sobre el uso de las lenguas, afectaría, en definitiva, al principio de autonomía de los centros educativos".

La situación de los directores de las escuelas es parecida a la de los inspectores educativos, también bajo el foco gubernamental, después de que Pere Aragonès les encomendara fiscalizar la aplicación de los proyectos lingüísticos en las escuelas. La Generalitat estrechó su control el pasado marzo mediante un nuevo decreto que contemplaba nombramientos a dedo y una mayor tutela por parte del Govern.

Obligados por ley a hacer cumplir el marco jurídico, tal como publicó este medio, estos profesionales quieren protegerse de cualquier mandato arbitrario y, aconsejados por sus representantes sindicales, pedirán por escrito las instrucciones que reciban de la Consejería de Educación sobre las resoluciones lingüísticas.