Frenazo independentista a una nueva DUI
Negociación 'in extremis' entre Junts per Catalunya y la CUP para consensuar una propuesta parlamentaria sin referencias a la ruptura unilateral
1 marzo, 2018 00:00El Parlamento de Cataluña estaba llamado a convertirse en escenario de una reedición de la declaración unilateral de independencia (DUI). La Mesa de la Cámara catalana admitió ayer a trámite una iniciativa de la CUP a favor de “restablecer la República catalana y sus instituciones”, destinada a ser votada hoy en un pleno de desbloqueo de la legislatura. Sin embargo, Junts per Catalunya y los antisistema negociaron anoche in extremis un nuevo texto sin referencias a la ruptura para evitar que la Cámara catalana reviviera aquella agónica sesión del 27 de octubre, en la que se aprobó una DUI, con la consiguiente intervención del Tribunal Constitucional, la aplicación del artículo 155, fugas y encarcelamiento de dirigentes independentistas. El frenazo tuvo lugar poco después de que el Gobierno avisara de las consecuencias de ese nuevo desafío de los cupaires. La Fiscalía estudiaba ya acciones penales.
Horas antes, Junts per Catalunya y ERC, con mayoría en ese órgano gestor, habían hecho oídos sordos a las advertencias del letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, y del secretario general, Xavier Muro, así como de los representantes de PSC y Ciudadanos, contrarios a que la iniciativa de los antisistema se tramitara. El presidente del Parlament, Roger Torrent, había cumplido escrupulosamente con la ley hasta el punto de aplazar la investidura de Carles Puigdemont por falta de garantías. Hasta ayer, cuando el republicano optó por emular a su predecesora, Carme Forcadell, una de las dirigentes secesionistas investigadas por permitir que la Mesa tramitara iniciativas soberanistas en la anterior legislatura.
El giro de Torrent
Está por ver si el giro de Torrent respondía a una voluntad real de ruptura, si pretendía provocar la reacción de las instituciones del Estado o simplemente visualizar la derrota de la CUP, dado que su propuesta de DUI no tenía visos de prosperar.
La moción de la CUP, que en realidad enmendaba a la presentada por Junts per Catalunya, fue publicada en el Boletín Oficial del Parlament, junto a las propuestas de resolución presentadas por PSC, Ciudadanos, Catalunya en Comú y PP. Los socialistas, la formación naranja y el PP presentaron una petición de reconsideración de la admisión a trámite de la iniciativa cupaire por entender que infringe las resoluciones del Tribunal Constitucional. La Mesa y la Junta de Portavoces habían señalado una reunión previa al comienzo del pleno para pronunciarse sobre las alegaciones de la oposición, que tras la reculada de la CUP, ya no tendrían sentido.
JxCat planteaba el pleno de hoy como una especie de reconocimiento de la figura de Carles Puigdemont, que parece decidido a dar un paso al lado en favor de Jordi Sànchez o Jordi Turull, pero la CUP pretendía ir más allá y confirmar tanto la candidatura del cabeza de lista convergente como la vigencia de la DUI. La proposición de JxCat contaba con el apoyo de ERC, a pesar de que en un primer momento no la firmó. Pero las convulsas negociaciones entre ambas formaciones parece que ahora avanzan y el apoyo republicano a ese texto que aboga por reconocer la legitimidad del excalcalde de Girona supone un gesto de buena voluntad.
Un gobierno en la sombra en Bruselas
Entre esos avances en el desbloqueo de la investidura figura el diseño de un gobierno en la sombra en Bruselas, pilotado por Puigdemont, compuesto por una Asamblea de Representantes de la República –con cargos electos-- y un Consejo de la República –compuesto de tres representantes de ERC, tres de JxCat y una de la CUP--. Los impulsores de la grandilocuente iniciativa quieren presentarla el próximo 5 de marzo, pero la CUP no está demasiado convencida.
Por su parte, en las propuestas de resolución de PSC, Ciudadanos y PP que hoy se debatirán en el pleno se reclama que el reloj de la investidura comience a correr. Los comunes piden que se levanten las medidas autorizadas por el Senado en el despliegue del artículo 155.