“Fraude de ley” y “aberrante”: así califican los juristas el nuevo fondo del Govern

La decisión de la Generalitat de crear un fondo para pagar las fianzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas (TdC) ha generado una tormenta política, pero también jurídica. Juristas consultados por Crónica Global afirman que, cuando menos, la iniciativa puede suponer un “fraude de ley” y advierten de que puede disuadir a los funcionarios y altos cargos del Govern de cumplir la ley. Recuerdan, asimismo, el momento de asfixia financiera que sufre la Administración catalana, que a pesar de ello destina inicialmente 10 millones de euros a ese fondo.

El profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), José Miguel Martínez-Carrasco, considera en declaraciones a Crónica Global que “resulta muy dudosa la conformidad a Derecho” de la creación del llamado Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat. “Partiendo del mandato contenido en el artículo 103 de la Constitución de 1978, según el cual 'La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales [...] con sometimiento pleno a la ley y al Derecho’, el alambicado y rebuscado mecanismo elegido por el Ejecutivo catalán actual, no resulta exagerado el posible encaje del actuar gubernamental en los tipos penales del delito de malversación de caudales públicos y del delito de prevaricación previstos en el Código Penal. Cuando menos, bien podría ser calificado de verdadero fraude de ley”.

La vía del decreto-ley

Desde la perspectiva de técnica jurídica, el jurista afirma que “la utilización del decreto-ley como instrumento normativo para la aprobación de esta medida de cobertura de reclamaciones resulta también muy contradictoria. El decreto-ley es un arma de doble filo. No deja de ser una norma de rango legal, pero no parece que esté justificada suficientemente la extraordinaria urgencia y necesidad para su utilización exigida por el artículo 86.1 del texto constitucional y su equivalente artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se dice a menudo que a los decretos leyes ‘los carga el diablo’. Y, podríamos añadir, que ‘los descargan los Tribunales de Justicia’. Ojo, pues, y al tiempo”.

Para Martínez-Carrasco, con este “singular fondo no parece respetarse en lo más mínimo por el Govern el principio presupuestario de prudencia financiera del artículo 13 bis de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), introducido en 2015, cuando ya estaba la economía española empezando a salir de la grave recesión sufrida e incorporado en aquella norma para evitar la repetición de situaciones similares. Ni tampoco se obedece al principio de estabilidad presupuestaria, de observancia básica y elemental en la gestión de las finanzas públicas”. 

"Pirueta política"

Concluye que “con el fondo, surgido por una pirueta política del arte de birlibirloque, no parece tampoco reducirse el riesgo y el coste asumido por la Hacienda autonómica en la concesión de avales, reavales y otras garantías para el afianzamiento de personas físicas, fieles servidores (se supone) de la cosa pública”.

A la espera de que se publique el decreto ley, la abogada del Estado Elisa de la Nuez afirma a este medio que “se trata de una medida absolutamente excepcional en todos los sentidos, que intenta soslayar la responsabilidad individual que busca el Tribunal de Cuentas, y la atribuye a un tercero, en este caso la Generalitat, que asume el riesgo, a pesar de ser parte perjudicada. Es el mundo al revés”.

"Burlar las normas de responsabilidad contable"

Advierte la jurista de que “las normas y las instituciones, como el TdC, se pueden reformar, pero no saltar. Y eso es lo que precisamente busca ese fondo, burlar las normas de responsabilidad contable”. En este sentido, subraya que “en un Estado de Derecho, las normas tienen principios y finalidades. Si los socavas o los interpretas en contra, acabas desnaturalizando todo el sistema jurídico. Y disuades a los funcionarios y altos cargos de la necesidad de cumplir la ley”. 

De la Nuez, secretaria General de la Fundación Hay Derecho --dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional--, cree que “después de la ley del referéndum y de transición nacional es lo más aberrante que se ha hecho”. Se refiere a las leyes de ruptura que, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, fueron aprobadas en el Parlament. Al igual que Martínez-Carrasco, cuestiona además que se destinen 10 millones de euros a esta causa “mientras las arcas del Govern están vacías. Están claras cuáles son las prioridades de la Generalitat”.

Y se pregunta: “¿Qué criterios se aplicarán para otorgar la ayuda? Por lo que he leído, el funcionario tiene que pedirla. Esto puede dar lugar a arbitrariedades. Es muy peligroso”. 

"Protección del personal"

El artículo 93 del Decreto Legislativo 1/97 de la función pública catalana contempla que la Generalitat proteja a su personal en el ejercicio de sus funciones y le otorgue la consideración social debida a su jerarquía y su dignidad. El personal al servicio de la Generalitat tiene un seguro, pero según fuentes jurídicas relacionadas con la Generalitat, "es bastante ridículo, aunque cubre de forma espectacular a los altos cargos y los miembros del Govern. Dicen que van a destinar 10 millones de euros a cubrir al 'personal que esté en proceso judicial o administrativo'. Bien, son cientos los empleados públicos que ahora mismo están en procesos judiciales y administrativos contra la Generalitat. ¿Ellos también entran en ese capital? Puesto que se lo pagan de su bolsillo", añaden estas fuentes.