Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs por fraccionar contratos

La fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs, por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para encargar a dedo proyectos a un amigo sin necesidad de concurso público. 

Además, le impone una multa de 144.000 euros, también le atribuye los delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero descarta el fraude y la malversación continuada por los que sí que la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hace dos semanas.

A las puertas del juicio

Asimismo, las fiscales Teresa Duerto y Assumpta Pujol acusan a Isaías Herrero, amigo de la presidenta del Parlament, por presuntamente favorecerse de los contratos, y a Andreu Pujol, por ayudarle a preparar los presupuestos y las facturas que presentaba a la institución. 

Ahora es el turno del TSJC para la apertura de juicio oral, un escenario que influirá en la política catalana y, sobre todo, en la relación entre los socios de gobierno. La líder de Junts se ha dedicado en las últimas semanas a defender su inocencia y a atribuir su caso a una persecución política. "No dimito porque soy inocente y porque defenderé mi derecho a la presunción de inocencia". 

Email enviado por Laura Borràs al CTTI sobre los contratos a Isaias H. F.

Tensión entre ERC y Junts

Mientras tanto, los partidos de la oposición aumentan la presión para que se aparte de su cargo institucional. Incluso miembros de ERC se han sumado a esta petición, como es el caso de Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, que le reclama que abandone el cargo para preservar el prestigio de la Cámara. "Estamos hablando de un fraccionamiento de una serie de contratos por un amigo, que ha resultado ser un narcotraficante. Esto nada tiene que ver con el independentismo". 

Y por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que, si Borràs fuese de ERC, "se pondría a la institución por delante, se la apartaría, defendería su inocencia y, si finalmente resuelve favorablemente a la persona, se le restaurarían las responsabilidades que había tenido".