El TSJC avala que la ZBE siga vigente

La justicia ha avalado que la polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona siga en vigor mientras el Tribunal Supremo examina los recursos sobre el caso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la anulara. 

En un auto reciente, la sección 5 de la Sala Contenciosa del TSJC ha descartado aplicar la resolución que anula la ZBE hasta que el alto tribunal resuelva sobre los escritos presentados por sus defensores, que son las tres administraciones intervinientes: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

Los conductores pidieron la ejecución

Así las cosas, la controvertida Zona de Bajas Emisiones seguirá vigente hasta que el Supremo se pronuncie sobre el encaje legal de esta normativa metropolitana. Lo tendrá que hacer porque el TSJC declaró nula la ordenanza después de que diez colectivos vinculados al mundo del motor la recurrieran ante la segunda instancia judicial y la derribaran en marzo de este mismo año. 

Los transportistas de Barcelona, en huelga contra la ZBE / EUROPA PRESS

Tras ello, la entidad que los aúna, la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (Parcc), pidió ejecutar la sentencia para dejar sin efecto la ZBE. Esto es lo que el Tribunal Superior no ha aceptado. 

No es firme: pendientes del Supremo

Por ello, la solución del TSJC no es firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. A la última instancia judicial acudieron las tres administraciones para intentar salvar la ordenanza. 

Por el camino, la segunda instancia judicial ha rechazado dos veces aplicar su resolución que anula la norma. Ya lo hizo en marzo, cuando la Parcc pidió que fuera firme de form temporal. El Tribunal Superior lo descartó porque las partes tenían tiempo de recurrir. Ahora vuelve hacer lo propio. 

Argumentos contrarios

En la máxima instancia judicial se dirimirán los argumentos de los partidarios y lo detractores de la ordenanza anticontaminación en Barcelona y cercanías. Las tres administraciones impulsoras sostienen que el derecho a la salud primar por delante de la movilidad más contaminante. Asimismo, subrayan que la Ciudad Condal debe contar con una ZBE para alinearse con las políticas comunitarias en esta materia. 

Por su parte, los detractores hacen hincapié en que la medida carece de razonamiento económico, que impacta sobre el tejido productivo y que carga los costes sobre algunos conductores, los que tienen automóviles más antiguos.