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Los líderes del 'procés' Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el Parlament, antes de declarar la independencia de Cataluña / EFE

El fiscal del Tribunal de Cuentas ve posible reclamar 87 millones a los líderes del 'procés'

Considera que la Abogacía del Estado puede cargar a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras los gastos del despliegue policial del 1-O

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El fiscal del Tribunal de Cuentas (TC), Miguel Torres, ve una posibilidad de que el Estado pueda reclamar 87 millones de euros a los dirigentes del procés independentista por el 1-O, según publica este lunes el diario El Mundo.

Dicha cantidad se correspondería con el coste de la operación Copérnico, nombre con el cual se denominó al despliegue de 6.000 policías y varios barcos a causa del referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017.

El ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cuantificó en 87 millones dichos gastos durante una comparecencia en el Senado, hecho que propició un recurso de Societat Civil Catalana (SCC) y de Abogados Catalanes por la Constitución para que el Tribunal de Cuentas los incluyera en una amenaza de embargo preventivo de bienes a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros dirigentes de la Generalitat en esa época. 

Abogacía del Estado sí puede reclamarlo

El fiscal rechaza que el TC pueda incluir y reclamar dicha partida al no ser un dinero malversado de forma directa por los acusados, al igual que opinaron la Abogacía del Estado y la Generalitat en su día.

El TC, por tanto, no reclamará ese dinero. Sin embargo, el fiscal sí ve factible otra fórmula a través de otra institución para hacerlo: y esa es que la Abogacía del Estado formule una demanda de responsabilidad patrimonial para recuperarlo.

El fiscal apunta que no es su cometido instar a la Abogacía a actuar, pero da argumentos para que lo haga.

En este sentido, cita el artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que facultaría al Gobierno a reclamar esos 87 millones a los líderes independentistas. El fiscal añade además sentencias del Supremo que establecen como posible que una administración española exija responsabilidad patrimonial a los responsables de otra.