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Tamara Carrasco, miembro de los CDR acusada de desórdenes públicos, en el momento de su detención / EFE

El Fiscal pide 7 meses de prisión para Tamara Carrasco

Acusa a la activista de los CDR de presunta incitación a desórdenes públicos durante la Semana Santa de 2018

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La Fiscalía ha solicitado siete meses de prisión por incitación a desórdenes públicos para la activista de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) Tamara Carrasco, que estuvo más de un año confinada en la localidad barcelonesa de Viladecans, donde reside, por orden de la Audiencia Nacional.

En su escrito de acusación, el fiscal la acusa de "impartir directrices" sobre los cortes de carreteras y otras acciones reivindicativas que los CDR llevaron a cabo durante la Semana Santa de 2018.

El Ministerio Público, que solicita también su inhabilitación para el ejercicio de sufragio mientras dure la condena, le imputa un delito de distribución o difusión pública de consigna para incitar a desórdenes públicos por "coordinar" actos "reivindicativos" a través de un mensaje de audio de Whatsapp.

"Distracción policial"

"La intención es la distracción policial, que tengamos a todos los Mossos y Policía Nacional repartidos por toda Cataluña y no puedan", señala supuestamente la activista en el mensaje, transcrito en el informe de calificación.

Carrasco también habría detallado que la "consigna" era lograr "un movimiento en las calles y justificar la huelga general" y comunica "dos cortes" en Ponent, otro en la Jonquera y tres en las Tierras del Ebro, así como otras afectaciones en vías comarcales y acciones "más heavies (fuertes)" en la ciudad de Barcelona.

Acciones en el puerto

De acuerdo con el fiscal, Carrasco explica que las acciones preparadas para el siguiente martes eran de "sabotaje" pero "sin violencia" y baraja varias posibilidades, entre ellas afectar "algo de la fibra óptica" y las "conexiones ferroviarias" para "putear las mercancías".

Detalla además que, de cara a una posible "huelga indefinida" convocada por sindicatos, se podría invadir el Aeropuerto de Barcelona, aunque admite que "es muy jodido" porque "te puede disparar la Guardia Civil", por lo que propone trasladar la acción al Puerto o a Mercabarna.

"Si pudiéramos parar el puerto sería brutal porque dejaríamos sin suministros a las Baleares, los chinos se cabrearían, muchas mercancías, como por ejemplo la SEAT que transporta los coches en barcos", continúa.

"Perturbar la convivencia"

Para el Ministerio Público, las "consignas lanzadas" por la acusada fueron el motor para que "una multitud indeterminada de personas", entre el 26 y el 27 de marzo de 2018, perpetrara actos "para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y perturbar la convivencia y el normal desarrollo de la vida de las personas" empleando, entre otros, "neumáticos quemados".

Carrasco fue detenida en abril de 2018 acusada de rebelión y terrorismo en una operación en la que no se logró arrestar a otro activista investigado, Adrià C., que huyó al extranjero.

Desórdenes públicos

La Audiencia Nacional, competente para investigar dichos delitos, le impuso la prohibición de salir de su localidad, pero acabó remitiendo el caso a la justicia ordinaria al concluir que los hechos constituían presuntamente ilícitos de desórdenes públicos.

Al recibir el caso, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona acordó en mayo de 2019 suspender la medida cautelar del confinamiento al entender que "no resulta proporcionada" con el delito de desórdenes públicos que se le imputa y que se castiga con penas de entre tres meses y un año de prisión.