Tamara Carrasco, miembro de los CDR acusada de desórdenes públicos, en el momento de su detención / EFE
Una jueza levanta la prohibición de salir de Viladecans a Tamara Carrasco
La activista de los CDR está siendo investigada por desórdenes públicos y la magistrada considera desproporcionado su confinamiento
28 mayo, 2019 20:42Una juez de Barcelona ha levantado el confinamiento que la Audiencia Nacional impuso a la activista de los CDR Tamara Carrasco, al considerar que es "desproporcionado" mantenerle la prohibición de salir de la población barcelonesa de Viladecans, puesto que ahora se la investiga por desórdenes públicos.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga a la activista independentista, estima la petición planteada por su defensa y acuerda levantarle la medida cautelar de confinamiento que la Audiencia Nacional le impuso hace ya más de un año.
Desórdenes públicos
Tamara C.G. tenía prohibido abandonar la población de Viladecans donde reside, excepto para ir a trabajar, desde que la Guardia Civil la detuvo en abril del año pasado, acusada de los delitos de rebelión y terrorismo, en una operación en la que no logró arrestar a otro activista investigado, Adrià C., que huyó de casa al extranjero antes de que llegaran los agentes.
La Audiencia Nacional, competente para investigar los delitos de terrorismo y la rebelión, acordó remitir el caso a la justicia ordinaria, al concluir que los hechos que se imputaban a la activista constituían presuntamente delitos de desórdenes públicos.
Desproporción
La juez de Barcelona que ha asumido el caso ha revocado la medida cautelar que la Audiencia impuso a Tamara, al entender que "no resulta proporcionada" con el delito de desórdenes públicos que se le imputa, castigado, recuerda la magistrada, con penas de prisión de entre tres meses y un año como máximo.
La juez considera que actualmente "carece de justificación" mantener el confinamiento de la activista, al haber desaparecido "la causa que en su momento la pudo motivar", la imputación de terrorismo al inicio de la investigación.
Además de la prohibición de salir de su municipio de residencia, la Audiencia Nacional impuso otras medidas cautelares a la activista: comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono. La miembro de los CDR está siendo investigada por organizar cortes en la vía férrea, así como otras movilizaciones para bloquear el tráfico y forzar la apertura de peajes, en protestas independentistas.
