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La presidenta de la AEB, Ana Losada, en un acto de la plataforma probilingüismo Escuela de Todos, de la cual forma parte / EP

Escuela de Todos instará a la “ejecución forzosa” de la sentencia del 25% de castellano

Desde la plataforma advierten de que, en el plazo más breve posible, "todos los alumnos deben recibir la enseñanza a la que constitucionalmente tienen derecho"

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La plataforma Escuela de Todos instará a la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir, al menos, un 25% de las clases en castellano en todos los colegios catalanes. Este viernes finaliza el plazo para aplicar la decisión del tribunal, por lo que desde el lunes todos los colegios de la comunidad deberán implementarla. 

En un comunicado, desde la plataforma advierten de que, “en el plazo más breve posible, todos los alumnos catalanes deben recibir la enseñanza a la que constitucionalmente tienen derecho”. 

Críticas al acuerdo parlamentario

La entidad ha señalado que “ninguna modificación legislativa puede sustituir al cumplimiento efectivo de la sentencia”. Lo ha dicho en referencia al acuerdo al que llegaron ayer ERC, PSC, Junts y comunes para modificar la ley de normalización lingüística al considerar el castellano como lengua de la enseñanza y dar a los centros margen para aplicarlo. De momento, ha quedado paralizado

Desde Escuela de Todos exigen al Govern que dé explicaciones  sobre el “retraso en el acatamiento de la sentencia” e instan a todos los partidos políticos a “buscar una regulación de consenso en materia educativa que pueda ser punto de encuentro de los catalanes”. Además, reclaman que ello pase por “el pleno reconocimiento del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje, junto con el catalán y el aranés, en las escuelas e institutos de Cataluña”.

 Losada: "30 años de inmersión ilegal"

Por su parte, Ana Losada, miembro de la plataforma y presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, ha dicho sentirse sorprendida por la modificación legislativa. “No deja de sorprenderme que algunos políticos crean que, después de 30 años de inmersión ilegal, nos vamos a conformar con un texto ambiguo que sigue condicionando que el castellano sea vehicular a los deseos de los directores de los centros educativos”.