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Empleados de la Consejería de Justicia reciben con un gran lazo amarillo a Ester Capella tras tomar posesión del cargo / JUSTICIA

ERC se carga a los acólitos de Puigdemont en la Consejería de Justicia

Los republicanos nombran directora de Servicios a una exmilitante de PDeCAT especialista en corrupción política bien valorada por los sindicatos de funcionarios

24.10.2018 00:00 h.
5 min

Esquerra no parece dispuesta a asumir el legado del anterior gobierno de Carles Puigdemont. Incluso en los departamentos que dirige desde hace dos legislaturas, como es el caso de la Consejería de Justicia. ERC acaba de nombrar directora de Servicios de este departamento a Iolanda M. Aguilar, en sustitución de Àngel Cortadelles, fichado por el exconsejero Carles Mundó.

A pesar de que Cortadelles es un hombre de ERC --fue concejal por esta formación en Reus (Tarragona)--, fuentes judiciales atribuyen el relevo a la voluntad de los republicanos de apartar del departamentos a personas próximas a Puigdemont. Pero lo que más destacan es el perfil técnico y dialogante de Aguilar. Se trata de un cargo estratégico en pleno proceso de negociación laboral entre los sindicatos de funcionarios y la Generalitat.

Iolanda M. Aguilar, directora de Servicios de la Consejería de Justicia / CG

Iolanda M. Aguilar, directora de Servicios de la Consejería de Justicia

La nueva directora de Servicios del Departamento de Justicia militaba en PDeCAT. Sin embargo, en las elecciones autonómicas del 21D quedó relegada por los candidatos que Puigdemont designó, por lo que no formó parte de las listas. Recientemente se dio de baja de PDeCAT y, según fuentes judiciales, actualmente prepara su tesis doctoral basada en la corrupción política. “Es una persona dialogante y trabajadora que conoce la administración. Ha sido elegida por su perfil técnico, no político”, explican estas fuentes. Aseguran que detrás de la decisión de Aguilar de dejar su partido está la implicación de dirigentes de CDC en casos de corrupción.

Amplia experiencia en la administración de Justicia

Iolanda M. Aguilar (Barcelona, 1970) es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, y licenciada en Derecho. Funcionaria técnica del cuerpo técnico superior de la Administración de la Generalitat y del cuerpo de tramitación procesal y administrativa en excedencia. La mayor parte de su trayectoria profesional está vinculada al departamento de Justicia, donde ha ocupado diversos cargos como jefe del Área de Inspección y al frente de la Subdirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia. También ha colaborado como formadora interna en la Escuela de Administración Pública de Cataluña y en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

Su predecesor, Àngel Cortadelles (Reus, 1960), fue concejal de ERC en su ciudad natal. Era licenciado en Ciencias Biológicas, trabajó como técnico en la Dirección General de Juventud, en la Delegación Territorial del Departamento de Bienestar Social en Tarragona y en la Consejería de Medio Ambiente. También ha sido director de los servicios territoriales de Gobernación y Administraciones Públicas en Tarragona, director general de Relaciones Internacionales, así como analista y jefe de servicio de Organización en el departamento de Territorio.

A Capella no le tiembla el pulso

A la consejera de Justicia, Ester Capella, no le ha temblado el pulso a la hora de hacer un departamento a su medida. Rosa Anna Castilla, que ostentaba el cargo de directora general de Modernización de la Administración de Justicia, fue cesada y sustituida por Montserrat Muñoz. En octubre de 2017, Castilla dimitió por su disconformidad con la declaración unilateral de independencia (DUI). Dos meses después, ya con el 155, el Consejo de Ministros la restituyó en su cargo.

Por contra Patricia Gomà fue ascendida a secretaria de Justicia tras ocupar el cargo de secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia. Entre los proyectos impulsados por Gomà figura la creación de un Equipo de Mejora Continua, una inspección encubierta ejercida, según los sindicatos, por “comisarios políticos”. Este equipo fue desmantelado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Consejo General del Poder Judicial advirtieran de la invasión de competencias.

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