El responsable de Difusión de la Generalitat, a las puertas del falso testimonio

Mide sus palabras y extrema la prudencia al responder. Visiblemente nervioso, gesticula y pide que se le formulen de nuevo las preguntas. El responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, ha tomado asiento este miércoles frente al tribunal que juzga a los acusados del 1-O dispuesto a desvincularse de la gestión de las campañas de publicidad institucional relativas al referéndum ilegal. Las evasivas a la hora de responder han hastiado de tal forma al fiscal Jaime Moreno que éste ha reclamado al tribunal que deduzca testimonio contra él por delito de falso testimonio, si bien el presidente, Manuel Marchena, le ha manifestado que se trata de una decisión que deberá adoptarse en sentencia.

“Si, a la vista de documentos y otros testimonios el tribunal concluye que ha dicho algo contrario a su deber de decir verdad, se podrá deducir testimonio al juzgado de guardia", ha recalcado el magistrado, quien minutos antes ya había advertido al testigo del contenido del Código Penal en relación con el falso testimonio: “Hay algunas preguntas que usted está eludiendo e incurrir en este delito no es sólo faltar a la verdad sino también alterar las respuestas con inexactitudes y reticencias”. En concreto, el representante del ministerio público le ha interpelado sobre su papel en las campañas para el registro de catalanes en el exterior y la de Civisme, que no llegó a ponerse en marcha, iniciativas que ha desligado de la consulta del 1-O puesto que, “que yo sepa”, la primera de ellas instaba a “inscribirse en un registro” y la segunda a “promover los valores democráticos”.

"No lo sé" y "no lo recuerdo", sus evasivas

Más allá de ello, Mestre se ha parapetado bajo el paraguas de los “no lo sé” y “no lo recuerdo” a las preguntas del fiscal sobre el hecho de que los proveedores rehuyesen cobrar las facturas de estos trabajos, hasta el punto de llegar a inquirirle Moreno “si es normal que los proveedores perdonen el cobro de facturas”. “No, no lo es”, se ha limitado a responder el testigo. “Oí que había unas facturas pero no las vi. No sé por qué se emitió el spot y no sé si la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) lo reclamará”, ha manifestado en relación a los anuncios emitidos por la televisión pública catalana sobre el referéndum. En el caso de la campaña del registro en el exterior ha manifestado que su labor era coordinar y que aquella partía de la iniciativa del departamento de Acción Exterior, dirigido por Raül Romeva.

El proyecto, según ha explicado, fue encargado a Estudi Dadà porque su presupuesto era el más económico y ha recordado que desde Exteriores propusieron que el anuncio que iba a difundirse en prensa debía incluir “sí o no”, precisamente las respuestas que el referéndum contemplaba a la pregunta “¿desea que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. “Decidirás de forma directa lo que pasa en nuestro país”, añadía el espacio publicitario. Mestre ha manifestado que el trabajo fue llevado a cabo, si bien el director general de Difusión, Ignasi Genovès, “nos dijo que no se podía pagar” la factura, de unos 10.829 euros.

Empantanado en la imprecisión

Ha sido una de las pocas respuestas que el testigo ha ofrecido con meridiana claridad puesto que a partir de ese momento el declarante se ha quedado empantanado en la ambigüedad y la imprecisión. De hecho, ha asegurado no recordar cuál fue la cantidad que, por su parte, la UTE Kardumen-Nothingad Comunicació presupuestó por difundir el anuncio en Internet. Ha sido el fiscal quien ha concretado que la factura que aquella emitió ascendía a un total de 97.332 euros. “Nothingad hizo el trabajo pero tampoco lo cobró”, ha apuntado Mestre. La Fiscalía ha continuado haciendo hincapié en las cifras relativas a estos trabajos con el objetivo de acotar la posible comisión del delito de malversación del que acusa a seis de los procesados. Y ha pasado a interpelar al responsable de Difusión sobre la campaña Civisme, promovida, ha explicado, por uno de los altos cargos de Presidencia, Antoni Molons --citado, precisamente, a declarar este jueves--. Según Mestre, no se difundió ningún anuncio de la misma puesto que la licitación quedó desierta.

La Fiscalía postula que la campaña fue sucesivamente adjudicada a las empresas Carat y Focus, pero ambas renunciaron a ella al percatarse de que “se trataba de propaganda del ilegal referéndum”, lo que Mestre ha rebatido al aseverar que Carat se retiró "por un tema de reputación para su empresa” y porque, “creativamente, los medios no la aceptaban". “¿Muy vago es eso, no?”, le ha espetado en ese instante el fiscal.

Facturas de la CCMA

Fue entonces cuando, según el ministerio público, la Consejería catalana de Presidencia, entonces dirigida por uno de los acusados, Jordi Turull, encargó, a través de Mestre, la campaña a la CCMA, que difundió los anuncios a través de sus canales de televisión, emisoras de radio y medios digitales. Sin embargo, el testigo ha negado que la tramitación se gestionara a través de él. “No sé qué persona le dijo a la CCMA que emitiera estos anuncios”.

“¿Sabe que la CCMA facturó 184.624 y 93.179 euros por esta emisión al departamento de Presidencia?”, le ha inquirido el fiscal. “Oí que había unas facturas pero no las vi. No sé por qué se emitió el spot y no sé si CCMA lo reclamará”, ha apuntado Mestre. Su indeterminación ha llevado al fiscal, irritado, a poner fin al interrogatorio y pedir la investigación del testigo por un delito de falso testimonio.