El decreto de vivienda del Govern enfrenta a Calvet y Colau

Ada Colau está contra el decreto de vivienda que impulsa el gobierno de Quim Torra. ¿El motivo? Que se tendrá en cuenta el precio del suelo de los barrios para promover pisos sociales, con lo que la Generalitat asumirá la diferencia entre el coste de las casas en cualquier barrio, aunque sean de renta alta, y el alquiler o hipoteca que las familias adjudicatarias puedan asumir. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, señaló que el objetivo es "fomentar la promoción entre operadoes públicos y privados".

La idea del polémico texto busca que solo haya un tipo de vivienda social. Con esta política, los elementos que definirán los costes de construcción serán el precio del suelo, los costes de construcción y un "factor de localización que permitirá corregir al alza el precio de vivienda básico". Hasta ahora había tres tipos: el régimen especial unidades familiares con rentas muy bajas, de régimen general para rentas bajas, o concertado para rentas moderadas.

Defensa del sector

Calvet ha defendido la controvertida ley, puesto que ha asegurado que "el precio máximo de renta o venta de un piso no puede estar por debajo del precio que cuesta hacerlo". Ha asegurado que ellos buscan que operadores públicos y privados hagan vivienda social, y que para ello hay que "definir bien el precio del módulo que hace 12 años que está congelado". Esta medida supondría un pelotazo para los operadores privados, puesto que la construcción de vivienda social en barrios ricos les daría un margen de beneficio muy superior. Preguntado por el sobrecoste de esta medida, Calvet respondió que es un sector "deficitario" por naturaleza. 

Colau se posicinó públicamente en contra de este decreto, y acusó al ejecutivo de Quim Torra de "deslealtad institucional". Para la alcaldesa de Barcelona, tendrá un efecto devastador para la producción de vivienda protegida y ha acusado a la Generalitat de trabajar solo para los privados y dejar desamparados a los ayuntamientos. Colau además acusó al conseller de dejación de funciones, puesto que aseguró que del 60% que la administración autonómica tendría que aportar a la Mesa de Emergencia, solo aporta un 20% y comparó los datos del consistorio barcelonés en construcción de pisos sociales frente a los construidos por el ejecutivo catalán.