‘Caso ITV’: un empresario amigo de Oriol Pujol defraudó 890.000 euros

El empresario y amigo de Oriol Pujol Sergi Alsina defraudó 890.000 euros a Hacienda en las ganancias que obtuvo por la venta de la planta de Sony en Viladecavalls (Barcelona). Así lo ha reconocido en el Juzgado de lo Penal 18 de Barcelona, que juzga ya la primera pieza del caso ITV, una derivada de la causa de supuesto pago de comisiones ilegales y tráfico de influencias que sentará en el banquillo al hijo del expresident.

La defensa de Alsina, que afronta inicialmente siete años y medio de cárcel, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para lograr una rebaja sustancial de la pena a cambio de reconocer los hechos que se le imputan y devolver a la Agencia Tributaria los más de 890.000 euros defraudados, cantidad que el imputado ya ha pagado.

La esposa, exculpada

El acuerdo, a la espera de que la Fiscalía formalice la rebaja de condena al final del juicio, ha tenido efectos hoy mismo para la esposa de Alsina, Natalia Hernández --hermana de Luis y Elena, presidente y vocal del consejo de administración de Renta Corporación--, que afrontaba año y medio de cárcel y que ha quedado exculpada al retirarse la acusación contra ella, de acuerdo con el pacto alcanzado entre la defensa y el ministerio público.

En su declaración, Alsina ha reconocido ante la juez que cobró los beneficios por la venta de Sony a través de una sociedad sin actividad real, porque “pensaba que así podría minimizar el coste fiscal de esos ingresos”.

Seis acusados

Por su parte, la esposa del empresario se ha escudado en que no recuerda nada de la operación investigada y en que la empresa utilizada para percibir los beneficios era gestionada por su marido, sin que ella tuviera intervención alguna, tras lo que la juez le ha permitido abandonar el juicio.

El primer juicio del caso ITV se dirige contra seis empresarios acusados de haber ocultado a Hacienda los beneficios obtenidos en la operación de venta de la planta de Sony en Viladecavalls a la empresa Ficosa, en la que varios de ellos mediaron, en enero de 2011.

Posibles comisiones ilegales

Entre los seis acusados figuran Sergi Alsina y Sergi Pastor, dos empresarios que están a la espera de ser juzgados por un tribunal popular, junto a Oriol Pujol, por formar parte de una trama en la que supuestamente el exdiputado de CiU cobró comisiones ilegales a través de su esposa por utilizar su influencia política para beneficiar varias operaciones empresariales, una de ellas para la creación de un parque de automóviles próximo a Seat.

En el juicio, que se ha iniciado hoy y se prolongará toda la semana, también se sientan en el banquillo la esposa de Pastor, el expresidente de Sony en España Pedro Navarrete, la mujer de éste, María Jesús Muro, y Tomás Fornesa.

Empresas instrumentales

Según la Fiscalía, Navarrete, a instancias de su amigo íntimo Sergi Pastor, contrató en enero de 2011 a Sergi Alsina como asesor para vender la planta de Sony a Ficosa, a cambio de repartirse la remuneración que recibiera de la parte compradora. Tras culminar con éxito la operación, añade el ministerio público, Ficosa pagó 2 millones de euros a la empresa de Sergi Alsina por sus labores de mediación y asesoramiento, de los que éste entregó 1,1 millones a Sergio Pastor y otros 554.000 euros a Navarrete.

Los imputados, según el ministerio público, vehicularon esas ganancias a través de empresas instrumentales de actividad inexistente que compartían con sus esposas, con lo que tributaron por el impuesto de sociedades y no el de IRPF, mucho más gravoso.

A juicio

Por la trama principal del caso ITV, Oriol Pujol aceptó en julio del año pasado una condena de dos años y medio de cárcel en un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía haber cobrado comisiones de empresarios afines, aunque Sergi Alsina --con la causa paralela por el fraude fiscal de Sony pendiente-- se desmarcó del pacto y lo recurrió.

Finalmente, la magistrada presidenta del jurado popular que debe juzgar el caso ITV decidió rechazar el pacto de Oriol Pujol con el ministerio público, al tratarse de un acuerdo parcial no firmado por todos los imputados, y envió al exdiputado de CiU a juicio.